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El concejal Marco Tulio Quiroga, presidente del Cabildo Municipal, se defendió de los cuestionamientos por la firma de un contrato por $25.000.000 en medio de la sanción que enfrentan él y otros 14 cabildantes por parte de la Procuraduría. Según indicó, adjudicó este contrato para velar por las madres lactantes y por el bienestar de la Corporación.
El cabildante explicó que la orden de prestación de servicios le fue asignada a la abogada Paola Michele Perea, quien recientemente dio a luz a dos niñas. Según Quiroga, su deber es velar por el bienestar de las madres lactantes y de las mujeres.
“Ese contrato lo firmé teniendo en cuenta que una contratista que venía desde el año pasado, en diciembre tuvo unas gemelas, entonces tengo que velar por los derechos de las mamás lactantes y de la mujer”, explicó el cabildante.
El contrato cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales de un abogado especializado para asesorar jurídicamente a la presidencia del Concejo Municipal, la cual preside Quiroga, tiene un tiempo de ejecución de siete meses y se firmó el pasado 22 de enero.
“Tengo que proteger la vida de los niños y tengo que defender la Corporación. Necesitaba urgentemente participar en unos procesos para defender la institución y tenía que hacerlo. Fue el único contrato que hice teniendo en cuenta estas características. Estoy siguiendo todos los lineamientos que me dictan mis condiciones éticas y morales y no he hecho nada que no corresponda”, justificó el concejal.
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Pese a que Quiroga es uno de los cabildantes sobre los que actualmente recae una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría, esto, por la elección irregular del excontralor municipal Ramiro Sánchez en el año 2016, indicó que no estaba impedido para firmar dicho contrato, pues según aduce, aún no se notifica la sanción por parte del Ministerio Público.
“No estaba impedido para firmar este contrato porque todavía soy concejal, soy el presidente del Concejo. La Procuraduría tiene que notificarnos la suspensión para que se cumpla el fallo y acatar la decisión que se tome”, concluyó.
No obstante, abogados administrativos advierten que la actuación del cabildante podría tipificar una conducta penal, toda vez que como presidente del Concejo y ordenador del gasto, adjudicó un contrato de OPS, desconociendo que sobre él recae una sanción disciplinaria vigente y en segunda instancia, por parte de la Procuraduría General.
