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Un juez de Ibagué ordenó la detención domiciliaria del alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, quien es investigado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal.
El mandatario había sido capturado en enero de este año, pero un juez decidió en ese momento dejarlo en libertad porque no representaba ningún peligro para sociedad.
Ante este hecho, la Fiscalía apeló la decisión y ahora otro juez revocó la medida y libró orden de captura en contra del cuestionado mandatario, quien se presentará este miércoles a la sede de la cárcel de Picaleña, en Ibagué, para ser reseñado por el Inpec.
Contratación de un puente de $2.300 millones tiene en problemas al alcalde de Prado
La contratación de un puente ubicado en el sector rural de Prado tiene en graves líos penales al alcalde de este municipio. (Ver: CTI capturó al alcalde de Prado, perteneciente al partido de La U)
Resulta que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, hace cerca de 15 años colapsó un puente que se situaba sobre el río Negro, entre las veredas El Tique y Uso de Aguas del sector rural de Prado, y esta situación llevó a que la comunidad elaborara una nueva estructura artesanal entre los años 2012 y 2013 para solucionar los problemas de movilidad que se generaron.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2015 se expidió el decreto 081, por medio del cual se declaraba urgencia manifiesta y se ordenaba la contratación inmediata de obras para remediar dichas afectaciones.
De esta manera, la administración municipal de la época suscribió el contrato 254 del 29 de diciembre de 2015, por $2.315 millones, cuyo objetivo era la construcción a todo costo del puente, y el 255 del 30 diciembre del mismo año, por $169 millones, con el que se contrataba la interventoría de la obra. Ambos contratos tenían un plazo de ejecución de cuatro meses.
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Según la Fiscalía, luego de posesionarse como alcalde de Prado (2016-2019), González Murillo expidió el decreto 018 del 15 de enero de 2016, a través del que se revocaba el anterior decreto, argumentando que el mismo era ilegal y que la contratación de estas obras debía realizarse a través de licitación pública. Pero luego, el primero de abril de 2016, el mandatario revocó su propio decreto, dejando vigente la declaratoria de urgencia manifiesta.
Después, dijo el ente acusador, el mandatario expidió dos resoluciones por medio de las que terminó unilateralmente ambos contratos, argumentando que el secretario de Planeación de este municipio se lo habría recomendado porque los contratistas carecían de idoneidad.
Fue así como, con el decreto 078 del 28 de julio de 2016, el Alcalde modificó el primer decreto (081 de 2015) e incluyó los nuevos contratos que celebraría su administración. Esto lo hizo mediante contratación directa, con contratistas designados bajo sus intereses personales, según afirmó la Fiscalía.
De esta manera, se suscribió el contrato 139 del primero de agosto de 2016, que tenía como fin la construcción de la obra y que le fue adjudicado a la Unión Temporal Puente Río Negro 2016, y el 140 de la misma fecha, cuya finalidad era la interventoría técnica, con Lincons Limitada. Estos nuevos contratos tuvieron el mismo valor de los anteriores.
Entre las irregularidades halladas por la Fiscalía, además de la múltiple expedición de actos administrativos, se encuentra la incorporación de documentos idénticos, como el aviso de la convocatoria, presentación de observaciones sin fecha, respuesta a observaciones sin fecha, entre otros oficios con los que el mandatario pretendió adornar los nuevos contratos.
