Debo reconocer que estuve convencido que el señor Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, nos había hecho los ‘santos inocentes’ cuando el 28 de diciembre de 2016, en rueda de prensa en Ibagué y acompañado de su directora regional, Zeidy Janeth Izquierdo, al preguntársele sobre los resultados de las investigaciones sobre los fallidos Juegos Deportivos Nacionales, dijo: “… estamos valorando siete contratos. Lo que conoce la ciudadanía es la investigación relativa a los diseños, pero tenemos muy adelantado lo que tiene que ver con las demás contrataciones que dieron al traste con estas obras públicas, que son motivo de indignación no solo en el Tolima sino a nivel internacional. Habrá mas resultados”.
Los siete contratos adicionales – fuera del de Typsa – a los que hacía alusión el fiscal Martínez son: el de diseños del estadio Manuel Murillo Toro (1) y los de las obras e interventoría del Parque Deportivo (2), de la Unidad Deportiva de la 42 (2), y el estadio Murillo Toro (2). Contratos, cuyo valor total sobre pasan los $154 mil millones.
Transcurridos más de dos años del importante anuncio y a meses de finalizar el período del otro alcalde responsable del inacabable desastre, tengo conocimiento que Martínez Neira cumplió y ya están sobre el escritorio de las fiscales encargadas de las investigaciones, nuevas peticiones de medidas de aseguramiento y órdenes de captura en contra de algunos de los implicados, que serán presentadas ante un juez de control de garantías para que ordene la viabilidad y ejecución de las medidas.
La duda surge si estas cobijarán a los involucrados en los hechos criminales ocurridos bajo el desgobierno de Luis Hernando Rodríguez, o, por el contrario, ya hacen parte de los desmanes e irregularidades cometidas por su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien se le responsabiliza de: no haber ordenado la declaratoria de caducidad y posterior liquidación unilateral de los contratos; incurrir en los mismos vicios en la contratación de su antecesor; y actuar jurídicamente ‘con todo el corazón’, más no con la razón.
Actuaciones que permitieron que las obras quedaran paralizadas, abandonadas e inconclusas, acrecentándose el daño patrimonial al erario y se terminara favoreciendo a los irresponsables contratistas, quienes siguen contratando con entidades públicas, gracias a la no declaratoria de caducidad, que conlleva consigo la inhabilidad inmediata para seguir contratando con el Estado. Situación agravada, por la ‘Cueva de Rolando’ en que está convertida la Unidad Deportiva de la 42, en donde han contratado hasta con el ex socio de Orlando Arciniegas Lagos y ‘ahijado’ de Mauricio Jaramillo M. (Orlando Arana, U.T. 2017).
Aunque la fiscalía siempre ha visto este fenómeno de corrupción como un hecho aislado, es innegable que este es solo un episodio más de delincuencia organizada correspondiente a un fenómeno de corrupción de ‘Captura Avanzada del Estado’ (Garay – Salcedo editorial Planeta 2018). Una fortalecida estructura delincuencial del Tolima que opera desde el año 2001, integrada por políticos, congresistas, servidores públicos y empresarios, quienes han dejado huellas de su ilicitud en importantes empresas del departamento como la Fábrica de Licores, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Edat), la Electrificadora y Empresa Generadora de Energía, la Beneficencia, Teletolima, entre otras.
La pregunta obligatoria es: ¿Cuándo caerán los capos y los socios españoles?
