El año pasado no fue un año cualquiera en el tema de drogas para Colombia. De hecho, en el 2017 sucedieron tres cosas muy atípicas: los cultivos de coca se dispararon hasta su máximo histórico, el Gobierno puso en marcha –con muchas falencias– el programa de sustitución concertada con comunidades más ambicioso en muchos años y las Farc dejaron sus armas tras más de dos décadas metidos en el negocio del narcotráfico.
¿Casi nada, no? Por eso, el censo anual que hace Naciones Unidas de los cultivos de coca en el país es uno de los documentos más esperados por quienes seguimos la política de drogas, sus problemas y sus posibles soluciones.
Hoy, tras meses de espera, el Gobierno Duque y Naciones Unidas hicieron el anuncio: tenemos 171.000 hectáreas de coca sembradas, que sobrepasan de lejos el número más alto que habíamos tenido (que era un empate virtual entre el 2016 de Juan Manuel Santos y el 2001 de Andrés Pastrana).
Después de lanzar la cifra –que es a todas luces preocupante y requiere una estrategia integral que frene el crecimiento de la coca por cuarto año consecutivo (tras irónicamente tener el mínimo histórico en 2013)– sucedió otra cosa muy atípica: no hubo informe público sobre esas cifras.
Por primera vez desde que cubro política de drogas, hace siete años, el Gobierno y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito no hicieron público el censo anual de monitoreo de cultivos ilícitos, que el primero le paga al segundo y que termina en un librito (o PDF) que muestra la foto de los cultivos al 31 de diciembre del año anterior. Ese documento es muy importante porque constituye la fuente oficial con que el Gobierno mide el tema, planea sus estrategias para resolver el problema (desde la sustitución hasta la aspersión) y permite entender las particularidades de cada región.
Por eso ese libro-cuadernillo gordito de tapa verde menta, lleno de mapas y gráficas y tablas que le fascinan a ñoños como yo, que está en casi todas las bibliotecas de los que estudian la política de drogas, es una de las mejores herramientas para entender realmente –más allá de los números de hectáreas, que dicen algo, pero no mucho– qué está pasando en los territorios.
En cambio, entregaron un resumen ejecutivo de 15 páginas, donde seis eran créditos e información institucional genérica (contra 217 páginas del año pasado).
No fue lo único que cambió. Ya habíamos visto una modificación: por primera vez en al menos una década, el informe se “lanzó” en septiembre. Siempre se publicaba en mayo o junio, y recuerdo una única ocasión que se postergó hasta julio.
“Es demasiado atípico, nunca había pasado de julio”, me corroboró una persona que estudia el tema desde hace años. Otros seis estudiosos de las políticas de drogas me confirmaron que les parecía pésimo precedente y, en palabras de uno de ellos, “muy grave dada la coyuntura de extrema gravedad”. Una más me dijo que no le preocupaba el tema, porque dudaba que mucha gente lo leyera.
Soltar la bomba y salir corriendo
Siempre que se lanza el informe –y la muy anticipada cifra anual de hectáreas que llena todos los titulares– hay una conferencia de prensa, por lo general sosa e insulsa. En la de hoy, en cambio, pasaron varias cosas interesantes, quizás por el hecho de ser la primera de un nuevo gobierno que me toca.
El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo por primera vez –que yo haya oído– que la de Naciones Unidas es “la cifra oficial con la que trabaja el gobierno colombiano”.
Esa afirmación es un hito en un gobierno cuyos altos funcionarios –como Pacho Santos hace una semana– se la pasan cacareando la cifra más alta, pero también mucho más imprecisa, de 200 mil hectáreas del Departamento de Estado gringo (que solamente hace un muestreo de un 13 % de los territorios con coca). Esto a pesar de que un decreto del Consejo Nacional de Estupefacientes establece que la oficial es la de Naciones Unidas, que estudia las imágenes satelitales de todo el país y coteja esos datos con sobrevuelos.
Emilio José Archila, el Alto Consejero para la Estabilización (que en tiempos de Rafael Pardo se llamaba de Postconflicto), mandó un mensaje de tranquilidad a los campesinos preocupados de que el Gobierno Duque está comprometido con seguir apoyando a las familias que firmaron acuerdos de sustitución concertada y erradicaron sus matas, aunque alertó que el gobierno Santos le dejó pocos fondos para cumplir con esos compromisos.
También enfatizó que llevar soluciones de desarrollo rural a esas regiones es la clave para resolver el problema de la coca, como propone el Acuerdo de paz. “La transformación sostenible de los territorios no es la forma más eficaz, sino la única”, dijo.
Interesantemente, ni Archila ni la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito mencionaron una sola palabra sobre la tarea que hace esa agencia de Naciones Unidas, con plata de Estabilización-Postconflicto, de verificar en el terreno si las familias de sustitución concertada, en efecto, han erradicado la coca como se comprometieron. Y que mostraría un balance positivo de cumplimiento del 91 % en 26.219 hectáreas visitadas por los equipos de UNODC, según anticipó hace dos días Caracol. Aunque esa tarea no depende del Simci (el equipo de monitoreo de UNODC), sino de otro equipo interno, resulta irónico convocar una rueda de prensa sobre todos los temas de drogas (porque hablaron hasta del decreto sobre consumo) y omitir el balance de cumplimiento del Programa Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) que lideraba Eduardo Díaz.
La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, cuya cartera lidera oficialmente la política de drogas del gobierno y es responsable del convenio con UNODC, contó que Duque había solicitado a Naciones Unidas hacer un estudio intercensal de la coca con corte a julio de este año, para poder dejar claridad sobre la cifra de coca que dejó Santos al irse. No explicó si lo harían público, una cuestión que no es menor dado que esos muestreos hechos a mediados de año (que UNODC suspendió hace cinco años y reanudó en 2017), entre otras ideales para calcular las tasas de resiembra de coca, solo suelen ser para consumo interno del Gobierno.
Pero ninguno de ellos mencionó que no estaban haciendo público el censo de 2017, como siempre se hace, ni mucho menos las razones por las cuales esto era así. Ninguno respondió siquiera preguntas, sino que delegaron en subalternos y se fueron.
No soy amigo de las conferencias de prensa (trato de evitarlas al máximo porque suelen ser eventos coreografiados donde nada relevante se conversa) y mucho menos de hablar en las pocas a las que voy, pero decidí preguntarles qué hacía que este año fuera diferente.
Tras reconocer que era cierto que no harían público el informe hoy, Bo Mathiasen –el director de UNODC en Colombia– explicó que el año pasado hubo condiciones de nubosidad que ralentizaron el censo y que espera lanzarlo “en pocos días o pocas semanas”. Mientras tanto, la encargada de prensa de UNODC nos decía que estaría impreso “en un mes”.
“Ha sido el clima a inicios de este año que no facilitó nuestro trabajo: fue difícil obtener buenas imágenes satelitales y fue difícil hacer los sobrevuelos para verificar lo que se pensaba se veía en las imágenes”, me respondió Mathiasen. Yo reconozco que no soy experto en el tema y sé que ya una vez el censo se demoró un mes adicional por culpa de la nubosidad, por lo que en vez de recoger la información entre noviembre y febrero les tocó extenderse hasta mayo. Sin embargo, creo recordar que –distinto a esta vez– ese año nos contaron de esas dificultades al lanzar los resultados.
“No es el escenario ideal: por supuesto que necesitamos ese informe y esperamos tenerlo más adelante más rápidamente”, me dijo Juan Francisco Espinosa, el viceministro de política criminal que se quedó en remplazo de su jefa y que ya trabajaba en estos temas porque fue durante dos años el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que monitorea el lavado de activos en el país.
Al final, nadie dio una respuesta a ciencia cierta sobre cuándo podremos analizar los hallazgos de un censo que congelaba la foto de los cultivos que había hace nueve meses y que, entre más pase el tiempo, más se desactualizará.
¿Para qué sirve el censo de coca?
¿Pero qué tiene al final ese informe que sea tan interesante? Pues muchas cosas.
Como hemos contado en Proyecto Coca, nos hemos acostumbrado a que el éxito o el fracaso de la lucha contra las drogas se mida como las fincas, sin realmente mirar si estamos reduciendo la cocaína que exportamos, desmantelando las organizaciones criminales que controlan el negocio o logrando garantizar una vida distinta para quienes ven en la coca una manera de sobrevivir en zonas aisladas del país.
El informe completo de Naciones Unidas permite entender el problema en un mayor grado de complejidad. Por ejemplo, si se sigue concentrando la coca en las zonas de frontera. O en los territorios colectivos (resguardos indígenas y consejos comunitarios afro) y parques nacionales, donde hoy está la tercera parte de la coca del país.
También se pueden hacer un montón de cruces interesantes, como si corresponden los municipios donde la coca subió con aquellos donde hubo líderes sociales asesinados. Si la coca está en los municipios de mayor deforestación, o si las disidencias de las Farc coinciden con los mapas de la coca. O incluso cruces realmente profesionales como, en palabras de un académico del tema, “cómo se comportó el precio de la pasta base en el Catatumbo cuando dieron de baja a Megateo (antiguo líder de la disidencia del EPL) y si la gente la enterró mientras subía el precio de nuevo”.
Más allá de las tablas, los mapas y los cruces que uno puede hacer, el censo es un insumo muy valioso para entender qué valdría la pena mirar y en dónde.
Es usando herramientas como ésta es que en Proyecto Coca hemos buscado, encontrado y contado, desde el terreno, las historias que ilustran las complejidades del proceso lento y gradual de sustituir la coca y encontrar otras alternativas.
Escribimos reportajes sobre la importancia de los compradores (en el caso de los cultivadores de palmito en Putumayo), de bienes públicos como las vías terciarias (en el caso de la empresa comunitaria que repara caminos en Antioquia), del acompañamiento en la exportación (en el caso de los indígenas nasa que cultivan gulupa en Cauca), de los servicios públicos como la electricidad (que ha limitado las posibilidades de crecimiento de una empresa campesina panelera en Putumayo).
Sobre la importancia de llegar a los consumidores en las ciudades (como este café y esta chocolatería en Bogotá), del turismo comunitario como oportunidad laboral (en el caso de la comunidad que cuida unas pinturas rupestres centenarias en Guaviare), de los novedosos modelos de ganadería silvopastoril que están reduciendo la deforestación (en el caso de los antiguos cocaleros del Caquetá).
Y otras que estamos en proceso de publicar en las semanas venideras que ilustran casos del rol de los jóvenes, de los distritos de riego, de la ciencia y la innovación, o de las alianzas de campesinos y privados, en ayudar a comunidades que salieron o están saliendo de la coca.
También otras sobre el impacto humano de la erradicación forzada de coca (que se suele topar con las minas antipersonal, causando tragedias como la de Édgar Bermúdez), la correlación entre titularidad de la tierra y el adiós a la coca, o las ilusiones y temores de quienes -como Luz Dary– están en pleno proceso de sustitución.
Una vez se fueron los ministros, Leonardo Correa -el director del censo dentro de UNODC- hizo una presentación técnica que dejó puntadas de hechos muy interesantes. Subrayo tres que me llamaron la atención:
- En las zonas donde el Estado intervino (bien sea con erradicación voluntaria o con forzada) la coca cayó 11% (mientras subió 17% en el país), pero esos lugares solo representan el 14% del territorio con coca. Luego la presencia del Estado sí ayuda a transformar la realidad, pero aún se queda muy corta en cobertura.
- La coca en parques nacionales, resguardos y consejos comunitarios creció a un ritmo mucho menor que a nivel nacional (4, 7 y 10 % respectivamente contra 17 % en el país), de modo que ahí debe haber pistas de qué funciona.
- Por primera vez Naciones Unidas calculó la distancia de los lotes de coca a los caseríos más cercanos. El resultado es que 33 % viven a más de 10 kilómetros, con lo que la necesidad de invertir en vías rurales es más que evidente.
El problema es que, sin el informe, es difícil meterle carne a esos datos, pensar en dónde se pueden mirar, en quién puede tener pistas de qué soluciones están funcionando. (La presentación de 22 diapositivas se publicó minutos antes de este artículo, aunque sigue siendo fragmentaria de toda la información del censo de UNODC).
Mathiasen contó, como respuesta a mi pregunta, que en el próximo mes publicarán varios documentos complementarios sobre el proceso de producción de cocaína, sobre sustancias químicas usadas, sobre mercados de distribución de drogas y sobre las particularidades del problema por territorio del país. Bienvenidas sean todas las herramientas que ayuden a todos los colombianos a entender mejor el fenómeno del narcotráfico y cómo enfrentarlo más eficazmente, porque las cifras demuestran que -como señaló hoy el ministro Botero- “no hemos encontrado nunca ese punto de inflexión”.
Pero, entre tanto, mientras no podamos ver el censo, tendremos un hueco a la hora de entender qué está sucediendo con los cultivos.
Todo esto es muy importante en un sector que se ha caracterizado por su poca transparencia: por poner un solo ejemplo, la última vez que se hizo público un presupuesto de la política de drogas fue 2012 para detallar el gasto de 2010. Estamos hablando de una publicación cuando ni siquiera se había anunciado un proceso de paz con las Farc.
Como agravante los datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia solo llegan hasta julio (no hay actualizaciones desde entonces) y las cifras disponibles en la página del Ministerio de Defensa solo llegan hasta mayo. Ambas fechas que le corresponden al gobierno Santos, pero tras un mes al mando el de Duque ya podría completarlas.
En su discurso, Bo Mathiasen hizo énfasis en la importancia de una estrategia integral contra los cultivos con varios ingredientes: un enfoque en la seguridad, una transformación sostenible de los territorios, un balance entre erradicación forzada y voluntaria, un desarrollo rural con alternativas legales para los campesinos y, por último, decisiones basadas en evidencia científica.
Irónicamente, parece que UNODC y el Gobierno no consideran pertinente que esa evidencia esté disponible para la ciudadanía cuando más coca tenemos y más soluciones necesitamos.
Compartir esta información no es un favor que deberíamos pedirles, sino un mínimo estándar de transparencia y gobierno abierto.
