Entramos al último año del periodo 2016 – 2019 de mandatarios y cabildantes regionales. Ibagué tuvo que cargar el lastre de no poder elegir contralor y personero por las vías democráticas previstas en sus respectivos tiempos, el primero encargado de la fiscalización y vigilancia del erario público del municipio y el segundo el encargado de ejercer control sobre las conductas de los servidores públicos.
Con la sanción benevolente de la Procuraduría a dieciséis concejales del municipio, el Cabildo ha quedado reducido a tan solo cuatro miembros, muestra de las equivocadas decisiones de las mayorías del Concejo de Ibagué.
Los concejales, y quienes los defienden, incluido el actual mandatario de la ciudad, podrán recurrir a innumerables explicaciones, pero lo que no pueden explicar sin caer en retorcidos argumentos, es porqué modificaron arbitrariamente el criterio de mérito de la convocatoria pública mediante el cual para elegir Contralor debían respetar el puntaje igual o superior al 80%, puntaje que había obtenido limpiamente la doctora Marcela Jaramillo.
Con justa razón el Consejo de Estado en la sentencia alusiva al tema y recordando la función electoral del Concejo entendida como una regla de oro de la democracia, coloquialmente manifestó: ¨No se vale cambiar las reglas de juego en la mitad del partido¨. Es así, como está demostrado y probado en la Sentencia del Consejo de Estado Rad. No. 2016-00107 que el Concejo de Ibagué afectó la validez del proceso por medio del cual se debía elegir al Contralor municipal.
Y a propósito de la acción de tutela instaurada por algunos de los concejales, la verdad es que está encaminada a eludir la decisión benevolente de la Procuraduría General de la Nación, más no a desvirtuar la decisión judicial del Consejo de Estado que se ha comentado.
Es lamentable que dentro de los grandes casos de corrupción del país, tengamos que abrir un capítulo para los concejos municipales en este tipo de elecciones. Hemos conocido el caso de Valledupar, donde por hechos similares a los de Ibagué, los concejales fueron destituidos e inhabilitados por 12 años.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación en Ibagué deja mucho que pensar. Nos viene a la memoria la parranda del Procurador en el Espinal con el jefe de Cambio Radical y otros personajes de la política regional.
Lo que está sucediendo no se puede pasar desapercibido. Existió una ruptura de la institucionalidad democrática. Quienes fueron elegidos por los ibaguereños como sus voceros, no cumplieron con su deber de actuar transparentemente.
Los que representan los intereses de la ciudad deben responder por sus actos u omisiones como servidores públicos y nosotros como ciudadanos interesados en la ciudad, nos corresponde pronunciarnos, analizar y sacar las conclusiones correspondientes. No es válido que se pretendan ocultar las ideas y opiniones en una sociedad que requiere profundamente fortalecer su democracia.
