Contrario a lo que pregonan él y su grupo de aduladores, Óscar Barreto Quiroga no fue un gran gobernador. No lo fue y no lo será – de ser elegido nuevamente – muy a pesar de su demagógico lema de campaña. <<Con seguridad>> será más de lo mismo, pero en un contexto en el que puede resultar peor: un posible escenario de postconflicto.
Un amigo de los enemigos de la paz
Óscar Barreto es el candidato del uribismo en el Tolima, pero no porque el logo del Centro Democrático aparezca en los pendones de su campaña, sino porque es el hombre que moviliza políticamente las élites que históricamente han acompañado – y se han beneficiado – la causa de la guerra total contra las guerrillas.
Se sobreentiende que en su alianza con el uribismo hay tanto de oportunismo como de marketing electoral, pero es innegable que también hay convicción.
Su discurso de “la paz con seguridad” es una forma retórica – y retorcida – de acomodar el contradictorio sonsonete del uribismo de la “paz sin impunidad”. En el fondo, la seguridad de Barreto es tan relativa como la impunidad de Uribe: ¿Seguridad para quién? ¿Impunidad para quién?
No es gratuito que, pensando con el deseo, Óscar Barreto se proclame como el único que defenderá a los tolimenses en caso de que los diálogos fracasen.
Por demás, tanto el exgobernador como el expresidente, comparten un talante autoritario y autocelebratorio de sus personalidades mesiánicas, que en nada se corresponde con un comportamiento democrático.
Un amigo de los enemigos del ambiente
Durante su mandato como Gobernador, quien aspira a volver a ese cargo se hizo célebre por una frase que por la época ocupó los titulares de la prensa: “No podemos detener el desarrollo minero en el Tolima”.
Lo dijo en 2009, en el marco de la primera audiencia pública que se realizó sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, por motivo de la solicitud de Anglo Gold Ashanti de extraer 515 hectáreas de la Reserva Forestal Central para llevar a cabo “actividades de exploración” aurífera.
Pese a los sendos estudios técnicos de Cortolima y de la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria del Tolima, que determinaron que llevar a cabo el proyecto podría traer graves problemas ambientales y sociales para la región, Barreto Quiroga asumió la posición de la empresa, que por entonces negaba la existencia de aguas subterráneas en el territorio, falacia que ha sido desmentida hasta la saciedad.
Anglo Gold Ashanti fue una de las principales financiadoras de la campaña del Centro Democrático a las elecciones legislativas. Eso no significa que esta empresa aporte a la campaña de Barreto, pero no está de más conocer su libro de finanzas.
Más allá de la demagogia, los tolimenses deben conocer a ciencia cierta a qué sectores pertenecen sus candidatos, qué intereses representan y quiénes financian sus campañas. Las multitudinarias marchas en contra de la megaminería en el Tolima han dado muestra expresa de la dirección a que apunta la ciudadanía, ¿Hacia dónde va ir el candidato exgobernador?
Un enemigo de lo público
Durante el gobierno de Óscar Barreto, las instituciones públicas del departamento padecieron el abandono deliberado y el desgreño administrativo.
Tanto la Fábrica de Licores del Tolima – afectada directamente por los intereses de la empresa privada – como el Hospital Federico Lleras Acosta, estuvieron a punto de cerrar sus puertas. En el caso del Federico, las EPS han puesto su parte, seguramente la mayor, pero Iván Hernández, hoy indiciado por las irregularidades de su gerencia, protagonizó la debacle.
La Lotería del Tolima y el Banco de los Tolimenses, tema en el que tiene puestos los ojos la Fiscalía, no llevaron la mejor parte durante su gobierno.
Tampoco la Universidad del Tolima, algo en lo que puso especialmente su voluntad. El exgobernador, que fungió como presidente del Consejo Superior del alma mater, se negó sistemáticamente a hacer los desembolsos que por ley le debía a la institución.
Entre la maraña de justificaciones que Barreto le da a la prensa, acerca de la politiquería y la burocracia de la UT – cosa que es cierta – la deuda de la gobernación roza los 70 mil millones de pesos. Los periodistas a los que acostumbró a fiestas y regalos lo absuelven, pero la historia no.
Por un candidato a la gobernación que no le jala a la paz ni a la reconciliación, que está dispuesto a sacrificar el agua y la seguridad alimentaria de la región a favor de los intereses de una multinacional, que desfinancia la universidad pública y que, en alianza con el sector privado, pretende acabar con las empresas del departamento, ningún ciudadano medianamente razonable debería votar.
Pero casos se han visto, todavía pagamos por ellos.
