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En momentos en que se discute la estabilidad fiscal del país, los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, con unas cifras de pagos completamente alarmantes y un hecho grave, no hay recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones, aseguró hoy el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
Los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 % del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicó.
Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada $100 millones que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, $35 millones corresponden a intereses”, precisó.
El Contralor habló en la instalación del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación.
Córdoba Larrarte recordó que, al comenzar el 2018, el sector defensa, justicia y seguridad -el más impactado por las condenas contra la Nación- debía exactamente $5 billones 407 mil 488 millones por concepto de sentencias y conciliaciones.
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Y, pese al monto de las obligaciones, equivalente a cerca del 40 % de lo que el Gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento que ha comenzado su trámite en el Congreso, el Presupuesto Nacional sólo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17 % de lo adeudado por el sector defensa.
En el caso de las entidades de este sector, los intereses moratorios han estado bordeando los 2 billones de pesos y eso ha hecho que quede pendiente el total del capital, que era de $3,6 billones.
“La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las diez entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1.2 billones, que corresponden al 26 % del total ($4,9 billones)«, finalizó el Contralor.
