Cuando Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá invitó a los ciudadanos a pagar más impuestos, con una pirinola, mucha pedagogia, y el “Todos Ponen”, logró crear una cultura de pagos que transformó la ciudad. Mockus demostró que es posible mejorar las finanzas, inclusive, creó un sistema de contribuciones voluntarias adicionales basado en la transparencia y honestidad del gobierno.
Desafortunadamente, en Ibagué nunca aprendimos de dicha experiencia, por el contrario, año tras año los ibaguereños se han reusado a contribuir mas allá de lo que les toca por obligación. Conseguir el dinero les ha costado mucho esfuerzo y el gobierno ha hecho muy poco para ayudarles. Además, un contribuyente que ve que se roban sus impuestos o se malgastan no los paga, y si lo hace, es de mala gana.
El ultimo episodio de esta tensión se vivió a principios de semana.
En su discurso de socialización del Plan de acción Ibagué sostenible 2037, el alcalde Jaramillo sentenció a los ibaguereños a sufrir si desean que la ciudad tenga mayores inversiones públicas. Los términos que usó no fueron los más adecuados y por supuesto que dicho anuncio fue rechazado en los medios de comunicación por los representantes de los gremios económicos y la ciudadanía en general, inclusive funcionarios de su gobierno, sus aliados por años en el Concejo y personas cercanas a él sintieron incomodidad, no tanto por lo que implica el fondo del anuncio sino por la forma.
El episodio del lunes sirve para realizar algunas reflexiones
La primera: los mensajes que envían nuestros dirigentes no solamente lo escuchan los nativos, sino también, los posibles inversionistas, aquellas personas que están buscando donde instalar sus empresas o simplemente donde vivir. Sí el mensaje es agresivo, la reacción logica es poner distancia.
La segunda: la búsqueda del bienestar para las personas en una ciudad no puede ser sinónimo de sufrimiento y ahogo para los contribuyentes y aunque en muchas ocasiones estos son consientes que se deben hacer esfuerzos económicos, la forma como se le invite a cumplir con sus obligaciones es importante. No es a las malas como se crea una nueva cultura de contribución.
La tercera: el argumento de que aquí se pagan menos impuestos, que en otras ciudades, no es suficiente para justificar las alzas de estos. Las cargas impositivas debieran relacionarse directamente con la salud microeconómica de los ciudadanos y de las empresas y con el apoyo y respaldo que el gobierno les de para mejorar sus ingresos y su calidad de vida.
La cuarta: los ibaguereños consideran que los gobiernos locales han hecho muy poco por mejorar las condiciones del mercado laboral, del trabajo y del emprendimiento en la ciudad. Además, la pasividad frente al cierre de las grandes empresas manufactureras es alarmante. Se acabaron los empleos y nada se hizo por reponerlos.
La quinta: no se puede perder de vista que los apoyos para la creación de empresas son casi nulos y no existe un adecuado clima de confianza para la inversión y el emprendimiento de medianas y grandes empresas. Ibagué sobrevive con economía popular y laboratorios micro-empresariales.
La sexta: el indicador de Doing Bussines muestra a Ibagué como una de las ciudades con más obstáculos y dificultades para hacer negocios. El nivel de dinámica empresarial e innovación en Ibagué está muy por debajo del promedio de las ciudades en Colombia.
De todo lo anterior se desprende que si no se mejoran las condiciones para las personas y las empresas es muy difícil que estos estén dispuestos a tributar con agrado. La tarea no es solamente cobrarles impuestos, es ofrecerle las condiciones para que confíen, inviertan, generen empleos y riqueza.
La confianza de los ciudadanos y los empresarios se sustenta en el sentido de la legalidad de la gestión pública adoptada por los gobiernos, por la eficiencia del gasto y el control de los costos de funcionamiento, y por supuesto que combatiendo la corrupción.
