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Una niña de 7 años, estudiante de segundo de primaria, era víctima de acoso escolar por parte de sus maestros pues permanentemente le llamaban la atención, la obligaban a hacer planas, e incluso como castigo le ordenaban que no asistiera a clase.
La mamá de la menor, ante la actitud discriminatoria, solicitó una valoración sicológica para su hija, la cual determinó un coeficiente intelectual grado 131, que se traduce en una capacidad muy superior, con talentos excepcionales.
Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, instauraron una tutela para proteger los derechos de la niña, que fue fallada a favor de la menor por el Tribunal Superior de Ibagué que dispuso que la Secretaría de Educación de Ibagué realizara lo necesario para el ingreso de la niña a un establecimiento educativo acorde con sus capacidades, y que el
Ministerio de Educación efectuara el seguimiento correspondiente. Pero el fallo fue apelado por la Secretaría.
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Sin embargo, en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia ordenó que la menor fuera trasladada a un establecimiento educativo acorde a sus capacidades intelectuales.
Foto: Defensoría del Pueblo.
