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En decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima optó por negar las pretensiones formuladas por el Ancízar Cardozo Rodríguez, quien a través de una demanda electoral pretendía que se declarara nula la elección de Mauricio Ortíz Monroy, alcalde del municipio de El Espinal entre el 2016 y el 2019.
De acuerdo con la parte demandante, Ortíz Monroy se encontraba inhabilitado para ser elegido como alcalde de El Espinal porque presuntamente tenía registradas tres sanciones disciplinarias ejecutorias en su contra, hecho que violentaba el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, al igual que el artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
Ante esta situación, el Tribunal decidió, mediante ponencia del magistrado Belisario Beltrán Bastidas, que las pretensiones del actos no podían prosperar porque la norma exige que las decisiones sancionadoras se encuentren en firme al momento de la elección del candidato. (Ver fallo)
Así pues, para el caso del alcalde de El Espinal, se acreditó la imposición de dos sanciones que inicialmente habían comenzado a producir efectos jurídicos a partir del 16 de junio de 2014, y los mismos fueron objeto de revocatoria directa, motivo por el cual se ordenó la devolución para emitir una nueva decisión de fondo en segunda instancia a través de providencias del 23 de septiembre de 2015, esto es, un (1) mes y dos (2) días antes de los comicios electorales que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015.
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«Aunado a lo expuesto, se debe tener de presente que la norma exige la imposición de por lo menos tres (3) sanciónes disciplinarias y en el presente caso sólo se acreditaron dos (2) de ellas, por lo que tampoco encuadra esta condición dentro-de la caual alegada», señala el fallo.
De tal manera, según la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, para el momento de la elección de Ortíz Monroy las sanciones no habían cobrado plena firmeza, lo que de entrada descarta la incursión del demandado en la causal invocada.
Ortíz Monroy llegó a la Alcaldía de El Espinal en representación del partido Cambio Radical y fue apoyado por Emilio Martínez y el excandidato a la Gobernación del Tolima, Mauricio Jaramillo. Por supuesto, llama la atención que el defensor de Ortíz Monroy sea el abogado Wilson Leal, quien es acusado en Ibagué de perseguir al ‘jaramillismo’ por haber demandado las elecciones irregulares de Contralor y Personero Municipal.
«Algunos sectores asimilan el ejercicio que hacemos los abogados en materia electoral con una participación en política y se rasgan las vestiduras porque uno defiende o demanda una curul de determinada filiación. El abogado es como cualquier profesional, ¿acaso un obstetra le pregunta a la madre de qué partido es el papá de la criatura para atenderla?», le dijo Leal a esta redacción.
