Nuevamente, y como se volvió costumbre, el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo generó polémica, pero sobre todo preocupación, con sus más recientes declaraciones donde desde ya advierte y pronostica que para el 2019 los Ibaguereños vamos a “chillar” en materia tributaria.
Pero el tema va mucho más allá que otra “desatinada frase” y tiene como trasfondo, entre otras circunstancias, la posición que ha fijado la administración municipal en torno a la aplicación de la actualización catastral urbana realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), y el impacto negativo que tendrá en los contribuyentes del impuesto predial unificado.
Atrás quedo la efervescencia de lo que algunos periodistas desde sus medios de comunicación local y regional llamaron el ‘Predialazo’, por los exagerados y en muchísimos casos, injustificados incrementos en el valor del predial; situación que logró contenerse para la vigencia fiscal 2018 por parte del Concejo Municipal de Ibagué, a través de las medidas adoptadas mediante el Acuerdo Municipal 001 de 2018.
Sin embargo, la incertidumbre continúa toda vez que, a la fecha, el panorama no sigue siendo el mismo sino mucho peor para los Ibaguereños, ante las inminentes consecuencias que tendrán los incrementos en los avalúos catastrales de predios urbanos para sus propietarios, al momento de la liquidación del impuesto predial, partiendo que la base gravable es, precisamente, su avalúo.
A pesar de que el convenio suscrito entre el municipio de Ibagué y el Igac, por valor de $9.013.459.780, que tenía por objeto “aunar esfuerzos” en el adelantamiento del proceso de actualización catastral urbana, estableció como una de las obligaciones expresamente consignadas en el numeral 7º de la cláusula cuarta que: “7. El Municipio se compromete a verificar y modificar el estatuto fiscal con el fin de adecuar las tasas para evitar incrementos desmesurados en los cobros del impuesto predial unificado, como consecuencia de la actualización de la formación catastral”, esto nunca ocurrió y parece ser no ocurrirá, como claramente lo da entender el mandatario de los Ibaguereños.
El asunto no se limita a una simple cláusula contractual, un capricho mediático, la oposición de algunos “ricos de la ciudad” o un asunto político-electoral como se pretenden deslegitimar los reproches al burgomaestre. Se trata de garantizar la aplicación de los principios de justicia, equidad y progresividad tributaria como límites a la potestad impositiva de las entidades territoriales, que permitan distribuir equitativamente las cargas y los beneficios entre los contribuyentes, pero sobre todo, de entender como Gobierno Municipal, la realidad económica y social que vive nuestra ciudad.
De acuerdo con el Dane, la tasa de desempleo es del 12.9 %, la informalidad supera el 53 %, el Ipc acumulado en lo que va corrido del 2018 es del 2.35 %, y la desaceleración económica es más que evidente, teniendo en cuenta que la economía y la generación de empleo en nuestra ciudad depende, en gran medida, de lo que suceda con el sector comercial y de servicios, tal y como concluyó el último estudio en materia de inflación e ingreso en Ibagué realizado por el programa Ibagué como vamos.
Señor Alcalde, ¡la ciudadanía exige respeto! Los Ibaguereños no somos ¡ni “tacaños”, ni “chillones”! Ya es momento de dejar esa actitud de confrontación y especulación sobre los asuntos tributarios del municipio y concentrar mayores esfuerzos en la búsqueda de diferentes fuentes para la financiación de las obras que demanda nuestra ciudad para el desarrollo territorial -(Nación, departamento del Tolima, Rape, Cooperación Internacional, recursos privados, App)- y no pretender hacerle creer a la ciudad, que las mismas, solo serán posibles atacando el bolsillo de los contribuyentes, sin consultar su capacidad económica, e imponiendo cargas tributarias excesivas que resultan siendo impagables.
