La decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de ratificar a Ignacio Mantilla en el rectorado de esa institución – desconociendo los resultados de la consulta interna que dejó como ganador al profesor Mario Hernández -, ha generado un <<necesario>> debate en torno a la democracia y la autonomía universitaria.
El hecho no es nuevo. Hace tres años, el Consejo eligió al mismo Mantilla pese a que había sido el menos “votado” en las dos consultas que realizó la comunidad universitaria. En ese entonces, el ganador fue el profesor Leopoldo Múnera.
Así, Múnera, quien había respaldo abiertamente a los estudiantes de la Mane y se había unido a la movilización en contra de la reforma a la Ley 30 impulsada por el gobierno en el 2011, era “castigado” por la Ministra de Educación, Maria Fernanda Campo, artífice del proyecto legislativo, quien presidió el Superior de la UN desde el 2010 hasta el 2014.
En la última carrera por la rectoría de la universidad más importante del país, Mario Hernández colisionó con el mismo muro. Natalia Ariza, Viceministra de Educación Superior, dijo abiertamente que al gobierno nacional le convenía reelegir a Mantilla, con quien mantiene una “fluida relación”, y no al ganador de la consulta, quien se ha mostrado muy crítico de la dirección política del Ministerio en las universidades.
La coyuntura entonces nos ha llamado a pensar los problemas estructurales, o no coyunturales, sobre la forma como se gobiernan las universidades y el tipo de relación que estas instituciones deben mantener con el gobierno nacional. En la Universidad del Tolima ese debate no es nuevo, sino que viene dándose hace varios años desde que surgió de los estamentos estudiantil y profesoral la idea de una Constituyente Universitaria.
El problema, propio de la relación conflictiva de la política y el derecho, pendula entre la legalidad y la legitimidad con que cuentan los Consejos Superiores Universitarios para designar los rectores.
Por una parte, la Ley 30 de 1992 contempla en su Artículo 64 que el CSU es el máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades estatales. Desde ese punto de vista, está entre sus funciones la facultad de “designar” al rector, incluso de “removerlo”, en la forma que prevean los estatutos de las instituciones.
Es sobre esa base que Mantilla ha sido designado para Rector de la UN por dos períodos consecutivos, pese a los resultados de las consultas. Para los partidarios de la idea de “acatar las reglas”, las consultas no son vinculantes y su función es la de recomendar al Consejo unos nombres para que éste finalmente, de acuerdo con su propio criterio, decida.
El debate desde este punto de vista está en qué se entiende por “designar” y qué por “elegir”: el razonamiento de quienes promueven la idea de ampliar la democracia universitaria es que el CSU designe a quien la comunidad universitaria elija a través de la consulta abierta.
Sin embargo, el mayor reparo de este ejercicio es a la propia legitimidad de los CSU (a su “criterio”). El cuestionamiento viene del hecho de que su posición original no es la del “velo de ignorancia”, sino que por el contrario, se trata de una instancia infestada de intereses privados, ajenos a los de la mayoría.
Lejos de ser el resultado de un proceso ético, deliberativo y racional, la elección de los rectores pasa por todos los vicios que en Colombia se ha inventado la corrupción política: clientelismo, nepotismo, cooptación, tráfico de influencias, caciquismo, compadrazgo, uso ilegítimo de información privilegiada, etc., etc.
El caso de la UT no es necesariamente emblemático pero sí muy preocupante: por lo menos hace 14 años, su dirección académico-administrativa está en manos de un grupo de liberales y conservadores que cada tres años realiza acuerdos para mantener el control de la institución, pero sobre todo de su presupuesto, que este año ascendió a más de 170 mil millones de pesos.
Este grupo, al tiempo que se ha ocupado de construir inmejorables relaciones con las corrientes “críticas” y “de izquierda” al interior de la universidad (que son las que podrían desestabilizar el orden que él mismo ha producido), se mueve con mucha soltura en las esferas políticas regionales, así como en los tribunales y los entes de control. De esta manera no le ha quedado difícil hacerse con los seis votos que se precisa para “poner” Rector.
En este contexto, la propuesta de una constituyente universitaria, tanto la que ya se anima en la Universidad Nacional – la que se propone en la Universidad de Antioquia, la que está realizando en la Universidad Distrital y la que se llevó a cabo de facto en la Universidad de Nariño – como la que se ha discutido en la UT, se propone desprivatizar la universidad pública, esto es, desprivatizarla de los intereses de quienes la cooptaron desde sus propios órganos de dirección.
Dicho de otra manera: constituyente universitaria como la suma de más democracia, más autonomía, más transparencia, más financiación por parte del Estado y más compromiso con los problemas nacionales, regionales y locales, valores fundamentales, todos, que en el estado actual de las cosas se encuentran a la baja.
