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Con el propósito de garantizar que los principios de transparencia, moralidad, imparcialidad, participación, igualdad y publicidad se cumplan, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, instó a los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para que aplazaran el proceso de elección de los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) previstos a realizarse en los próximos meses.
En el Tolima, el grupo político del candidato a la Gobernación del Tolima, Óscar Barreto, ha encedido el debate para impedir la posible reelección del director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, quien es señalado de tener el respaldo político de Mauricio Jaramillo, tambien aspirante a suceder el el cargo al gobernador Luis Carlos Delgado.
Esa puja política está al rojo vivo por una razón sencilla: el poder que tiene Cortolima. La corporación tiene un presupuesto de 41 mil 411 millones, 197 funcionarios y más de 120 contratistas.
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Pero no solo los políticos estarían interesados en que no se anticipe la elección de director de Cortolima. La compañía multinacional AngloGold Ashanti también buscaría que el proceso se realice después del 25 de octubre, porque podría elegirse un director más cercano al barretismo, si Óscar Barreto gana las elecciones. Así lograrían que la entidad cambiara su línea frente al proyecto La Colosa, porque Cardoso ha sido una 'piedra en el zapato'.
¿Qué dice el Ministro?
En una circular, el ministro Vallejo manifestó que “el interés del Gobierno nacional, respetando la autonomía de los Consejos Directivos de las CAR, es el de garantizar una amplia participación de las personas, que aspiren al cargo de Director General de las CAR, contemplando plazos razonables y ante todo suficientes para que los interesados puedan ejercer su derecho constitucional fundamental a postularse como candidato al cargo”.
Así mismo, invitó a los Consejos Directivos de las Corporaciones para que “adopten las medidas a que haya lugar con el fin de remover los obstáculos que puedan limitar o restringir de manera innecesaria el tiempo de convocatorias y demás aspectos del proceso”.
Considera que “la elección del representante legal de la entidad debe realizarse con posterioridad al 25 de octubre del año en curso, con el fin de no generar ninguna duda sobre la transparencia del proceso de cara a las elecciones regionales y locales”.
