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El mal servicio que ha prestado la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) a los usuarios y el desorden administrativo que ha tenido la entidad durante los gobiernos de Jesús María Botero y su sucesor Luis H. Rodríguez provocaron una dura consecuencia.
La Superintendencia de Servicios Públicos acaba de imponer una multa de 300 millones de pesos al IBAL por los continuos cortes, los desperdicios de agua tratada y la aplicación equivocada de una fórmula tarifaria de la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), dice la resolución sancionatoria del pasado 20 de enero y obtenida por ELOLFATO.COM. (Ver decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos)
Esta es la sanción más alta que ha impuesto la Superintendencia de Servicios Públicos contra la empresa pública más importante de la ciudad. El IBAL ha sido víctima de los malos manejos de la clase política local, principalmente del partido Liberal, y hoy afronta graves problemas financieros, legales y de infraestructura.
La sanción tendrá que pagarla en plazo no superior a 10 días, después de ser notificada. Podrá hacerlo en efectivo o a través de un cheque de gerencia en el banco BBVA o el Banco Agrario.
Además, la Superintendencia de Servicios Públicos le exige al IBAL un plan de mejoramiento del servicio que debe poner en marcha en un periodo máximo de un año.
Les castigaron los cortes de 2012 y 2013
La superintendencia de Servicios Públicos sancionó al IBAL por la continua interrupción en la prestación del servicio de acueducto durante el año 2012 y los primeros cuatro meses del 2013. Sólo en el año 2012 hubo más de 100 cortes que afectaron a los más de 120 mil usuarios.
El gerente del IBAL, Carlos José Corral, delegó la defensa de la empresa en la abogada Francy Margarita Bonilla pero los débiles argumentos fueron insuficientes para controvertir los hallazgos de la Superservicios.
En la resolución sancionatoria, de 66 páginas, sorprende encontrar respuestas de la empresa como que las irregularidades halladas no ocurrieron sino que hubo supuestos errores de digitación en los informes que presentó el IBAL ante ese organismo de control. Excusas desaprobadas en el expediente.
Otra de las perlas de la defensa fue que en la ciudad nunca hubo un corte del servicio de agua potable de 24 horas, pero sí de 23,8 horas. También dijeron que los prolongados y continuos cortes los provocaron las fuertes lluvias y las crecientes de los ríos y quebradas que abastecen el sistema de acueducto, pero ni si quiera eso fue suficiente para evitar la sanción.
La Súper les respondió que desde 1959 se presentan fuertes lluvias, crecientes y desprendimientos de tierra en el Cañón del Combeima, por lo que es un comportamiento propio del afluente y no una situación imprevista como suelen justificar la falta de planeación.
Promesas de acueducto alterno y otros cuentos
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Hábilmente, intentaron distraer la investigación con las promesas de solución a largo plazo como el acueducto alterno o complementario (Vea cómo está el famoso acueducto Alterno) y la instalación de tanques de reserva en inmediaciones de la sede de la Fiscalía y Boquerón, entre otros.
Repitieron las promesas que hizo en campaña y a lo largo de su gobierno el saliente alcalde Luis H. Rodríguez y que no cumplió.
La Superintendencia les dijo que: “Se debe advertir que pese a todos los proyectos que la prestadora (IBAL) menciona, mientras los mismos no se ejecuten, no habrá una solución al problema de la continuidad en la prestación del servicio, como lo demuestra el hecho que para la visita practicada a la prestadora los días 15 y 16 de mayo de 2014, se encontró que siguen habiendo problemas de continuidad”, dice el documento en la página 14.
La herencia del gobierno de ‘Chucho’ Botero
La administración del exalcalde Jesús María Botero también tiene ‘velas en este entierro’, de acuerdo con la decisión de la SuperServicios.
El alcalde Luis H. Rodríguez heredó, de su socio político Jesús María Botero, pocas alternativas técnicas que hubieran permitido enfrentar el mal tiempo que reinó en el año 2012, y que provocaron el centenar de cortes en la prestación del servicio.
Tampoco dejó un adecuado esquema de micromedición que redujera el delicado desperdicio de agua tratada en la ciudad.
Y la tercera sanción de la resolución, por la aplicación equivocada de una resolución de la CRA, se dio entre junio de 2009 y enero del año 2012, en la administración del exmandatario Botero. Durante ese periodo, la empresa habría tenido que disminuir el valor de la tarifa pero no lo hizo.
Por esa razón, la Superintendencia le está pidiendo ahora al IBAL que presente los informes de la época para saber cuánto dinero cobraron por encima de los permitido y no se descarta que tengan que reintegrarle el dinero a los usuarios.
