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Luego que la Fiscalía General de la Nación anunciara la intervención en los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, con sedes en Tolima, Cundinamarca y Quindío -por pertenecer a posibles testaferros de las Farc- esta desmovilizada guerrilla negó cualquier vínculo con los hechos.
Dirigiéndose directamente al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Salcedo, el hoy grupo político señaló las acusaciones como “una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las Farc-EP al Gobierno nacional el 15 de agosto de 2017.
“Con dicha falsa noticia, el Fiscal General reafirma su ya reconocida trayectoria de entorpecimiento a la implementación del Acuerdo Final, tal y como se manifestó en su oposición a la creación y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Especial de los crímenes del paramilitarismo, y en su trabajo sistemático de alteración del sentido y los contenidos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz durante su trámite en el Congreso de la República”, recalcó el Movimiento Político Farc.
La investigación de la Fiscalía que salió a la luz pública el lunes anterior dio a conocer que, gracias a los testimonios de desmovilizados de la antigua guerrilla, descubrió que los hermanos Norberto, Luis Alirio y Edna Mora Urrea eran socios de los supermercados que en el Tolima funcionan en Melgar, El Espinal, Guamo, Saldaña y Lérida. (Ver: En el Tolima operaba la cadena de supermercados que pertenecería a testaferros de las FARC)
Sin embargo, en audiencia celebrada ayer martes ante un Juez de garantías en Bogotá, los implicados negaron ser testaferros del grupo exguerrillero que dejó las armas tras un acuerdo de paz sellado el año pasado con el Gobierno nacional, tras cinco años de diálogos en La Habana, Cuba.
No obstante, la Fiscalía aseguró que tiene pruebas testimoniales de personas que señalan que los hermanos sí obraban como testaferros, lavando dinero a través de la cadena de supermercados y otros negocios comerciales, además de tráfico de armas y secuestro.
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«Mal hace el señor Fiscal General el salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales a los presuntos involucrados, con la clara intención de enlodar de paso la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común», acotaron en un comunicado, el colectivo político de las Farc.
La Fiscalía también ocupó y adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre los supermercados, además de otras sociedades y establecimientos de comercio que en su conjunto superarían los $627.000 millones. (Ver: Acabaron con mi trabajo y con la comida de nuestras familias: empleado de Supercundi)
Tras el pronunciamiento del ente acusador, una serie de desmanes se registraron desde entonces en varios municipios, precisamente en los supermercados saqueados por una turba, ubicados en El Espinal, Saldaña y Melgar, Tolima; y en Calarcá, Quindío; en el sur de Bogotá y en Facatativá, Cundinamarca. (Ver: Capturan a 15 personas y a un menor de edad por saqueos a Supercundi de Melgar)
