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El Consejo de Estado señaló que los miembros de la Policía deben ser referentes sociales o modelos a seguir, en los ámbitos personal, familiar, laboral, social e institucional.
Así lo manifestó este ente después de declarar la responsabilidad de la Policía en el homicidio de una mujer cuyo compañero era miembro de la institución. Los superiores pese a conocer la situación de violencia intrafamiliar, toleraron la conducta y no actuaron para proteger a la mujer.
La víctima fue encontrada muerta en su casa, por un impacto con el arma de fuego de dotación del policial. Inicialmente, y según su compañero permanente, ella se había suicidado debido a una crisis de celos. Sin embargo, luego del análisis forense y de balística, se desestimó tal argumento y se comprobó que fue agredida.
En el caso analizado por la Sala, se demostró el maltrato físico y psicológico del que era víctima la mujer. Los testimonios de vecinos, amigos e incluso compañeros de trabajo del agresor, señalaron sus constantes infidelidades con menores de edad y las repetidas discusiones y agresiones físicas que mantenía la pareja por esas circunstancias.
Este hecho fue declarado como un feminicidio, máxima agresión en contra de la mujer, debido a que el comandante de la estación no sancionó la conducta de infidelidad pública con menores de edad del oficial ni verificó su situación familiar y le permitió llevar su arma de dotación a su casa, pese a conocer las denuncias de agresión.
Para la Sala, una actuación efectiva y oportuna, por fuera de conceptos estereotipados de los roles de hombre y mujer, hubiera destapado el drama que estaba viviendo la señora e impedido, de alguna manera, el desenlace fatal. Sin embargo, en este caso, hubo indiferencia por parte del superior, para mantener la imagen institucional.
Por tal razón, la Sala le ordenó al Ministerio de Defensa trazar lineamientos para fortalecer la integridad familiar al interior de la Policía y poner en práctica programas de formación y cursos al respecto.
A la Procuraduría General se le exhortó a adoptar medidas de corrección, en orden al respeto de la vida y no discriminación de la mujer, en todos los frentes de su competencia.
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Por su parte, la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), deberá promocionar políticas públicas, según sus competencias, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer en todas las instancias del poder público y especialmente en la fuerza pública.
