Alberto, aunque siempre ha vivido en Bogotá, está ligado genéticamente al Tolima. Su padre nació en el municipio de Guamo y vivió allí hasta que el amor se lo llevó para la capital de Colombia.
Desde muy joven se vinculó como ejecutivo de una compañía internacional fabricante de ascensores y por cumplir muy pronto los 60 años reunirá requisitos para obtener su merecida pensión de vejez.
Hace menos de un año su salud se vio afectada por un problema cardiovascular, lo que lo obligó a someterse a una delicada cirugía, de la cual afortunadamente salió avante. Sin embargo, debe ir a revisión periódica ante los médicos especialistas que lo han tratado.
Precisamente cuando realizaba el trámite rutinario de solicitud de cita médica a finales del mes pasado, fue informado por la Empresa Prestadora de Salud (EPS) a la que está afiliado, que no se le podía prestar el servicio porque aparecía reportado en el sistema como una persona fallecida, por lo tanto estaba dado de baja del sistema de salud.
Para mayor claridad y verificación, la funcionaria administrativa de la EPS entró a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil y consultó el sitio o lugar de votación del titular de la cédula asignada a Alberto, la número 79200965 y el resultado fue “cancelada por muerte”.
Señorita, me mató la Registraduría, expresó enfadado Alberto, mientras se tocaba la cabeza con su mano izquierda. De inmediato, la auxiliar administrativa que lo atendía, le leyó un aparte del texto aparecido en la consulta, que indicaba que en caso de existir algún error debía la persona acercarse inmediatamente a las dependencias de la Registraduría más cercana.
De inmediato Alberto se trasladó al Centro Administrativo Nacional (CAN) y en la misma sede nacional de la entidad expuso el impase, reiterando que aparecer muerto implicaba no solo un delicado problema para su salud por los controles mensuales que debía realizarle a su sistema cardiaco, a los cuales ya no tenía acceso por aparecer muerto y dado de baja en el sistema contributivo de salud, sino los riesgos que se originarían para su libertad, ya que al ser requerido en un control de policía o de alguna autoridad de tránsito y constatar que la cédula con que se identifica aparece como titular una persona fallecida, esto le originaría una detención preventiva mientras se esclarece la real situación.
Su sorpresa fue mayor, cuando luego de tomarle los datos necesarios y dejar constancia de lo sucedido, los funcionarios del registro civil nacional le indicaron que la verificación y solución del problema tardaría mínimo 45 días, por lo cual debería esperar.
Alberto aún se pregunta cómo y bajo qué circunstancias aparece muerto, si cualquier identificación de un cadáver, que no es el suyo, tiene que estar sometido al cotejo de huella decadactilar que tiene en el archivo la misma Registraduría.
Y además, cómo el mismo Estado, pone en peligro su vida, por tamaño error cometido y tarden todo ese tiempo en enmendarlo.
Increíble que esto suceda en pleno siglo 21.
