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Después de que Julio Alfredo Bernal, gerente interventor del Hospital Federico Lleras Acosta, anunciara la posibilidad de cerrar temporalmente una importante cantidad de servicios especializados, incluida la Unidad de Salud Mental, que tiene 17 camas para la hospitalización de pacientes, 14 profesionales de la Asociación Nacional de Psiquiatría demostraron su preocupación porque, según ellos, más de 200 pacientes quedarían desprotegidos.
Mediante una comunicado, los 14 psiquiatras manifestaron su inconformismo debido al posible cierre de los servicios de consulta externa, ginecobstetricia, neurocirugía, cirugía general, ortopedia, cirugía de mano, traumatología, cirugía plástica, oncología y psiquiatría. (Ver: Vuelve la ‘agonía’ al Hospital Federico Lleras Acosta)
«Solo la unidad psiquiátrica de dicho hospital deja sin atención en salud a más de 200 pacientes con enfermedad mental, vulnerando derechos humanos y civiles de pacientes, al no tener contempladas políticas o modalidades de atención ambulatoria de pacientes y acompañamiento a familiares con base en la Declaración de Caracas donde el Estado Colombiano fue participante en 1990″, señalan los profesionales. (Ver comunicado)
Los psiquiatras manifiestan que, si se cierran los servicios, se están desconociendo las obligaciones del Estado en la atención en salud, según lo dictado en la Ley Estatutaria en Salud en su artículo 5, puesto que se han presentado situaciones que perjudican a los ibaguereños.
«Omisión de acciones para el cuidado de las personas, no garantizar el goce efectivo de oportunidades e igualdad en el trato, al no tener un funcionamiento armónico del sistema de salud y al final, permitir la violación del derecho fundamental a la salud, los elementos y principios que fundamentan la atención en salud». (Ver: Así fue la intervención del Hospital Federico Lleras)
Y agregan: «De esta manera han pasado a ser invisibles por no decir burlados en flagrancia, la disponibilidad, accesibilidad, universalidad, equidad, continuidad, oportunidad, solidaridad y eficiencia por mencionar algunos, no están disponibles para los pacientes del Federico Lleras y aun no mencionamos la garantía de salud mental y los derechos de las personas con enfermedad mental consignados en la Ley de Salud Mental (Ley 1616 de 2013)».
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Del mismo modo, los profesionales declararon que se oponen «al trato violatorio de derechos de la población de Ibagué, en especial de la población con enfermedad mental». También apoyaron las decisiones de la Superintendencia de Salud de desautorizar el cierre de los servicios de salud que había anunciado Julio Alfredo Bernal, gerente interventor. (Ver: Gerente interventor del Federico Lleras Acosta en ‘la cuerda floja’)
«Apoyamos la posición actual de la Superintendencia en Salud al negar la posibilidad de cierre de servicios de salud, pero exhortamos a esta instancia y otras, como el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo a inspeccionar, vigilar y controlar de manera mas efectiva esta institución que es (sic) hacer nada menos que el trabajo para el que fueron creadas, la protección del derecho a la salud y salud mental y la razón de nuestro trabajo«, concluyen.
Por lo demás, los 14 psiquiatras que firmaron el comunicado fueron Juan Carlos Rojas, Rafael Vásquez, Luis Ramirez, Ángela García, Astrid Arrieta, María Alejandra Quintero, María Teresa López, Marta Dallos, Nancy de la Hoz, Paola Pacheco, Ximena Cortez, Juan David Ávila, María Fernanda Bonilla y Katherine Parra.
