Colombia ha vivido varios escenarios transicionales producto de diferentes negociaciones políticas o de victorias militares. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado ha hecho que se combinen las políticas y los discursos de guerra con los de la paz, lo cual le ha imposibilitado dejar atrás la violencia de manera definitiva y avanzar hacia un verdadero posconflicto (armado).
Las negociaciones más recientes de los años 90 y 2000, por ejemplo, se desarrollaron y se firmaron en medio de la guerra total contra el narcotráfico y las guerrillas. A ese estado de cosas, la cooperación internacional no ha sido ajena: mientras que a través del “Plan Colombia” (EE.UU) se tecnificaba la guerra, los “Laboratorio de paz” (UE) atendían las iniciativas de paz de la sociedad civil y promovían la defensa de los derechos humanos.
La actual coyuntura comporta una situación parecida: el acuerdo de paz firmado con las Farc, se implementa en medio de una muy difícil negociación con el ELN y de una cada vez más importante capacidad de daño de las organizaciones herederas del paramilitarismo.
En este escenario, ¿Cuáles serían los desafíos de la cooperación internacional? ¿De qué manera podría coadyuvar a la construcción de una transición exitosa?
Los cooperantes en Colombia se han ocupado de atender tanto las causas como las consecuencias del conflicto armado: la propiedad de la tierra, la participación política y el narcotráfico, por el lado de las causas, y la atención a las víctimas y la reintegración, por el lado de las consecuencias.
Los acuerdos de La Habana tienen varios puntos de encuentro con estas agendas, lo cual podría permitir una división del trabajo eficiente en materia de ayuda para la implementación de lo acordado en el corto y mediano plazo.
Adicionalmente, la Agencia Presidencial para la Cooperación definió una Hoja de Ruta con las prioridades del gobierno nacional en material de cooperación internacional, a partir de tres áreas temáticas centrales para el posconflicto (armado):
La construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la conservación y sostenibilidad ambiental. En ese sentido, un primer “desafío” (y se puede llamar así) para los cooperantes, es ayudar bajo el liderazgo del gobierno, sin tratar de imponer sus intereses estratégicos.
Esto ha sido determinante para la recuperación exitosa de los Estados en posconflicto, o “Estados fénix” (Phoenix States), como los llama la literatura internacional (Véase el reciente libro de Desha Girod, por ejemplo).
Por otra parte, al reducir la discrecionalidad de la cooperación, tanto gobierno como cooperantes pueden definir estrategias de coordinación efectiva en los territorios. La coordinación de los distintos actores es otro desafío en este contexto.
El tercer desafío para los cooperantes es contribuir a la edificación de lo que Lederach ha denominado “infraestructuras para la paz”.
En el corto plazo, los cooperantes pueden suplir al Estado en los territorios en donde su presencia institucional es débil, pero su experiencia y legitimidad debe contribuir no solo al momento inmediatamente posterior a la firma (en la implementación de los acuerdos a nivel local) sino en el largo plazo, en dirección de construir capacidades e instituciones fuertes en el nivel local.
Esto compromete conocer el contexto y trabajar de la mano con los distintos actores locales, lo cual es en sí mismo otro desafío.
Es ideal que en los procesos de seguimiento y la evaluación de los resultados de la ayuda, las comunidades y las autoridades locales cuenten con las capacidades y las plataformas organizativas, los primeros, y la solidez institucional, los segundos, para definir de acuerdo a sus propias prioridades, la futura distribución de los recursos de la ayuda.
El último desafío viene de la mano de las reformas estructurales que comprometen el modelo de desarrollo y la participación política, prima facie del conflicto social y armado colombiano, lo cual exige un tratamiento prudente.
Primero, porque los imperativos del desarrollo a nivel internacional no son necesariamente convenientes para el país en material social, ambiental o política; segundo, porque las prioridades para el desarrollo definidas desde el gobierno nacional, no son necesariamente las mismas de los gobiernos regionales y locales, ni las de las comunidades organizadas territorialmente.
Ha sido la imposibilidad histórica de tramitar estos conflictos por la vía política, lo que ha llevado a las armas a actores contra-estatales como para-estales. Mediar estos conflictos es un desafío fundamental para la comunidad internacional que coopera para la recuperación en el postconflicto armado colombiano.
