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El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, confirmó que una vez termine la ley de garantías hará movimientos en su gabinete, según él para oxigenar su gobierno, pero en realidad, muchos abandonan la administración departamental para preparar sus candidaturas para las elecciones regionales del 2019.
Aunque el mandatario no quiso dar nombres, algunos secretarios ya han empezado a sonar para dejar sus cargos en busca de otros intereses. El OLFATO pudo confirmar con una fuente allegada al barretismo la lista de los funcionarios que dejarían sus actuales puestos, entre los que figura el secretario del Interior, Ricardo Orozco.
Orozco dejaría su cargo para ser parte de la baraja de posibles aspirantes a la Gobernación en las próximas elecciones. A pesar de que el secretario del Interior ha dicho que está enfocado en la seguridad del departamento, su posible candidatura cae muy bien en diferentes sectores políticos de la región.
Como él, se preparan para luchar por el aval de Barreto la secretaria de Planeación y TIC, Olga Lucía Alfonso y el secretario de Infraestructura, Andrés Fabián Hurtado, de quien no se descarta su aspiración a la Alcaldía de Ibagué en el 2019.
Hurtado es actualmente investigado por los piques ilegales que se llevaron a cabo en el Aeropuerto Perales de Ibagué, en 2014, cuando él era el administrador de esa terminal aérea. (Ver: Juez ordenó detención domiciliaria para el secretario de Infraestructura del Tolima, Andrés Hurtado)
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Entre tanto, la polémica secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, dejaría su puesto para lanzarse a la Alcaldía del Guamo. (Ver: Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del Tolima)
Los aspirantes a la Asamblea
Por otro lado, están quienes dejan la Gobernación para poder participar de las elecciones a la Asamblea Departamental. Ese es el caso del secretario General y Apoyo a la Gestión, Giovani Molina, el secretario de Agricultura, Juan Rodrigo Alvarado y el gerente del Indeportes, Gerardo Yepes Caro.
La ley de garantías entró en vigencia el pasado 27 de enero de 2018 y culminará hasta que se elija al nuevo Presidente de Colombia; con ella se busca evitar que con recursos públicos, gobernadores, alcaldes, secretarios y demás funcionarios apoyen campañas políticas al Congreso de la República y a la Presidencia.
