Es difícil encontrar un proyecto de ley sobre las industrias licoreras peor que el que hace trámite en el Congreso. Porque no apunta a mejorar su operación ni a aumentar los ingresos de los departamentos ni a perseguir el enorme contrabando de licores que carcome al país, sino a violar la Constitución para mejorarles el negocio a las trasnacionales productoras de trago, todo tan presionado desde la Casa de Nariño que lograron que gobernadores pasaran de rechazar el proyecto a respaldarlo y que ahora su trámite se mueva de afán.
Explica una publicación pagada por Acodil, la vocera de Diageo y Pernod Ricard, las mayores trasnacionales de licores del mundo: “Con la eliminación del monopolio sobre la introducción y ventas de alcohol (…) las empresas importadoras de licores destilados tendrían un mayor acceso a todo el mercado nacional, lo que les permitirá ofrecer sus productos a menores precios, aumentando sus ganancias y su participación en la torta”. Queda en ridículo quien diga que el objetivo de la ley es servirle al interés de los departamentos y del país.
Y el aumento del consumo en Colombia de licores europeos y norteamericanos, por norma con mayores grados de alcohol que los nacionales, además agravará los problemas de salud pública, porque a más alcohol en el trago, más estragos en el organismo, daños que pagaremos los colombianos y no los gobiernos ni los negociantes extranjeros.
El gobierno justifica el proyecto aduciendo que es una exigencia de los TLC. Pero es falso. Porque los artículos 13.5 y 13.6 del acuerdo con Estados Unidos y del Capítulo I, Título III del pactado con la Unión Europea autorizan el monopolio rentístico que establece el artículo 336 de la Constitución de Colombia. Cuando de milagro en un TLC se les pasa algo favorable a Colombia, se desviven por eliminarlo, en este caso siguiendo las exigencias de la OCDE, el nuevo centro de poder global de gringos y europeos al que Santos le está aceptando este, más otros cambios en las normas colombianas que ni siquiera pasan por el Congreso.
Como Santos y Mauricio Cárdenas no se atreven a proponer que se modifique la Constitución para acabar con el monopolio rentístico, que es lo que desean, lo hacen por la puerta de atrás, mediante esta ley de evidente inconstitucionalidad. Y ello, además, por la confusión normativa que crean para ocultarlo, estimulará la corrupción entre gobernadores y diputados, quienes quedan con la facultad, ilegal, de destruir el monopolio que tienen el deber de defender.
Uno de los aspectos más repudiables es que el proyecto no contempla nada contra el contrabando de licores, que tiene tomado 1,76 billones de pesos del mercado nacional y que aumentará, una vez sea aprobada la ley. A esto hay que sumarle que en 2012 el gobierno nacional retiró de una corte en Nueva York una demanda suya y de las gobernaciones contra Diageo (Johnnie Walker, Buchanan’s, Smirnoff, Tanqueray y Zacapa) y Pernod Ricard (Chivas Reagal, Beefeater y Absolut), interpuesta porque, según los departamentos, estas “conspiraron con contrabandistas para lavar dinero y timar las rentas colombianas” (http://bit.ly/1gz3b6A). Si la ley en debate obliga a marcar en la planta de producción cada botella de licor nacional que se venda en San Andrés, para impedir que se reintroduzca ilegalmente al país, ¿por qué, para combatir el contrabando, no le exige lo mismo al trago extranjero?
Que estas medidas son de gran interés para Santos también se demuestra porque intentó aprobarlas como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana y como mico en el Plan de Desarrollo. Y con otros hechos bochornosos: el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, fue hasta hace poco el representante legal de Acodil –¿ya se declaró impedido?–, la vocera de las trasnacionales de los licores. E-Concept, la firma que produjo el texto al servicio de Acodil le pertenece a Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Y lo redactó Mauricio Santa María, quien fuera ministro de Salud de Santos. ¿Un exministro de Salud promoviendo el aumento del consumo de licores más dañinos? Qué combito.
El cuento de que a los departamentos y a Colombia les va a ir mejor porque aumentarán sus ingresos por mayores impuestos no pasa de ser la carnada que oculta el anzuelo de los intereses de los extranjeros y de sus intermediarios. Que no echen cuentos con cifras que no pueden demostrar y que seguramente resultarán al revés de lo que dicen, mientras que las pérdidas para el país las reconocen ellos mismos.
Gobernadores y diputados, en vez rendirse ante el cabildeo de las trasnacionales y las presiones de ese dispensador de mermelada en el que terminó convertido el ministro de Hacienda, deberían unirse con sus ciudadanos, a los que dicen representar, y, con dignidad, decirle no a una ley que nada bueno le dejará al interés departamental y al nacional.
