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La compra de 1.000 ejemplares de un libro tiene en líos fiscales a la exsecretaria de Cultura de Ibagué Ángela Viviana Gómez, quien los adquirió, y al exsecretario Administrativo José Adrián Monroy, quien era el ordenador del gasto de la administración del detenido exalcalde Luis H. Rodríguez.
Un informe de la Contraloría Municipal reveló las presuntas irregularidades encontradas en el contrato No. 2199 del 23 de junio de 2015, cuyo objeto era contratar la compra de 1000 ejemplares del libro ‘un sueño llamado Ibagué’, cada uno con un sobrecosto de $250.000.
De acuerdo con el órgano de control, el mencionado contrato se ejecutó sin haber realizado un estudio de mercado que permitiera determinar el valor de cada libro y que justificara la compra de los ejemplares, situación que generó un presunto detrimento patrimonial de $250 millones.
«Se evidencia una gestión antieconómica, ineficaz, e ineficiente, por indebida planeación, causado por contratar sin estudio de mercado para determinar el valor de cada libro y el porqué de su valor. No se encontró una justificación lógica que determine la necesidad de compra de los 1.000 libros y además que se compraron con una destinación incierta», aseguró la Contraloría de Ibagué.
Asimismo, el informe del ente de control señaló que el daño a las finanzas del Municipio se ocasionó por la falta del lleno de requisitos para realizar esa modalidad de contratación.
«Dichos libros se encuentran en el almacén de la Alcaldía de Ibagué sin una destinación cierta, generándose un detrimento a las arcas del patrimonio de la administración central», agregó el documento.
La responsabilidad de los exfuncionarios
El informe de la Contraloría Municipal menciona que la presunta falta de los exfuncionarios se cometió en el grado de culpa grave, pues ellos tenían la obligación de velar por el riguroso cuidado de los recursos públicos al momento de elaborar el presupuesto designado para el contrato.
Para ese momento de los hechos, Gómez y Monroy no habían iniciado su relación sentimental, sino que eran únicamente compañeros de gabinete de la administración del capturado exalcalde Luis H. Rodríguez.
«La conducta desplegada por el vinculado no es la propia de una persona que actúa con el cuidado suficiente para manejar dineros públicos que le fueron confiados en razón a las funciones de su cargo, por el contrario, se evidencia un actuar descuidado y negligente, toda vez que era el encargado de administrarlos», asevera el informe.
De esta manera, subraya que la exsecretaria de Cultura Ángela Viviana Gómez fue quien elaboró y aprobó los estudios previos del contrato de compraventa número 2199 de 23 de junio de 2015, sin tener un estudio de mercado previo, observándose así una posible conducta omisiva y negligente al dar visto bueno sobre el valor del contrato y su forma de pago, pese a que el mismo era carente de un estudio de mercado estructurado.
Por esta razón, dijo la Contraloría, la exfuncionaria faltó al principio de transparencia, economía y de responsabilidad de conformidad a la función administrativa.
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Por su parte, al exsecretario José Adrian Monroy también se le señala de haber tenido una posible conducta omisiva y negligente, por «aprobar la realización de los estudios previos del contrato de compraventa número 2199 de 23 de junio de 2015 sin estudio de mercado antepuesto analizado y verificado un determinado valor a pagar», acota el documento.
Así las cosas, fue por estos hechos irregulares que el órgano de control determinó, en única instancia, imputar una responsabilidad fiscal a ambos exfuncionarios por un valor de $250 millones.
Contratista en líos con la Fiscalía por no pagar IVA
Pero los dos exsecretarios no serían los únicos en serios problemas. También lo estaría Germán Augusto Ballesteros Viña, quien se quedó con el millonario contrato.
Según lo que pudo conocer EL OLFATO, esta persona presentó un RUT que no era el apropiado para haber obtenido el contrato, con lo que logró evadir un IVA de $40 millones.
«En el momento de la contratación, la persona que elaboró los libros no pagó el IVA que ascendía a $40 millones, lo hizo como régimen simplificado y debía ser común», explicó el Contralor Municipal, Ariel Augusto Medina.
Por esta situación, este contratista, quien no contaba con experiencia en la elaboración de productos editoriales según la Dian, ya fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de evasión de impuestos.
Ballesteros Viña es, al parecer, cercano a funcionarios de la Alcaldía de Luis H. Rodríguez.
