El paro nacional del magisterio resulta de los incumplimientos y rechazos del gobierno a sus peticiones. En la campaña electoral de 2014 el presidente-candidato Santos se comprometió con la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, a acordar con ella un correcto sistema de ascensos y a nivelar los sueldos de los maestros con los de los demás funcionarios del Estado en condiciones semejantes, que ganan un 28.3 por ciento más.
Sobra explicar lo repudiable de esa discriminación salarial, y más porque es falsa la afirmación de la ministra Gina Parodyde que el sueldo promedio de los educadores asciende a 2.5 millones de pesos mensuales.
Lo cierto es que un profesor recién graduado en la universidad gana escasos un millón cuatrocientos treinta mil pesos y que a uno con licenciatura universitaria, más posgrado y en el máximo grado en el escalafón apenas le pagan dos millones seiscientos mil pesos. Con razón se volvió viral el video de una educadora que refuta a la ministra al explicar sus condiciones laborales.
De otra parte, es mentira que Fecode se oponga a la evaluación de los docentes, cuyo desempeño hoy se evalúa sin rechazo. Lo que repudia, y con toda la razón, es otro examen calculado para impedir que puedan ascender en el escalafón y, con ello, mejorar sus escasos ingresos.
La maniobra consiste en que el Ministerio de Hacienda fija unos recursos insuficientes para pagar los mayores sueldos que generan los ascensos y el Ministerio de Educación diseña una prueba tendiente a impedir que asciendan todos los que por sus buenas capacidades deben hacerlo.
En razón de esta manera dolosa de evaluar, que el país ignora y avergüenza a sus determinadores, solo ha podido ascender el 20 por ciento de quienes lo habrían hecho con un sistema democrático.
El magisterio también exige solución a la mala salud que recibe, en condiciones parecidas a la del resto del país, cuando podría no serlo. Porque mientras los maestros pagan para su salud los 817 mil millones de pesos que les corresponden, el gobierno solo aporta 400 mil millones del billón al que está obligado, en razón de que las suma restante –600 mil millones– se la gasta en pensiones y cesantías, con lo que literalmente se configura un robo, dado que las dos platas son de destinación específica. Cuánta enfermedad y muerte hay tras este abuso aberrante.
En relación con la mala calidad de la educación, que Fecode y los que hoy somos los polistas llevamos décadas denunciando, ya no pueden negarla ni sus responsables, los que han mal gobernado a Colombia.
Pero en su tradicional viveza, culpan al magisterio, contra el que llevan décadas azuzando al país, porque Fecode, con ejemplar dignidad, ha defendido de verdad la educación y sus intereses y derechos. ¿Cuán peores serían la calidad de la educación y las condiciones laborales del magisterio sin Fecode? Los colombianos tenemos una deuda de gratitud con esa agremiación.
La culpa de la educación de mala calidad la tiene el Estado colombiano, según las siguientes pruebas: el imposible acceso de casi todos los niños a tres años de preescolar; la doble jornada de estudio, que reduce en treinta por ciento las clases que deberían ser y maltrata la capacidad de atención del estudiantado; el hambre de tantos escolares; la promoción automática, que obliga a ascender a estudiantes sin conocimientos suficientes; el hacinamiento de 45 alumnos promedio por aula; las excesivas horas de clase de cada profesor y la ausencia de programas de capacitación docente; la eliminación de los orientadores sicológicos; los pésimas condiciones de las instalaciones educativas; la mediocridad o inexistencia de laboratorios y bibliotecas y la ausencia de computadores, así se cuenten como tales las tabletas del engaño y la politiquería.
Los neoliberales dicen querer mucho a los niños. Pero ello no es coherente con la manera como maltratan a los educadores de esos niños, a quienes además no les dan el respaldo necesario. En esto podrán confundir al país, pero no a los maestros.
Cada vez hay más pruebas de que la mala calidad de la educación en Colombia es una política de Estado y que por ello las élites que la determinan se protegen a sí mismas con educación privada de mejor calidad para sus hijos, en tanto también condenan a la pésima de garaje de tantos negocios educativos privados que estafan a los padres y a los muchachos de clase media.
