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La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, no sólo tiene millonarias pérdidas por las fugas de agua sino también por presunta negligencia administrativa, reveló un informe de la Contraloría de Ibagué.
En sólo cuatro fallas detectadas por los auditores del ente de control fiscal, el IBAL perdió ese año más de 260 millones de pesos por no pagar oportunamente los impuestos, por facturar indebidamente el servicio de agua a más de mil 400 usuarios, no asumir una defensa jurídica en un pleito laboral y por liquidar de manera errónea las prestaciones a un extrabajador.
Desorden de facturación
Para la Contraloría de Ibagué hay un presunto detrimento patrimonial porque 1.466 usuarios recibieron su factura con un estrato equivocado, que no se ajusta a la estratificación determinada por la secretaría de Planeación de Ibagué.
El error le costó a la empresa 76 millones 202 mil 744 pesos y deberán responder los funcionarios responsables del área de facturación.
Mala defensa jurídica
El secretario General del IBAL, Ricardo Arroyo, tendrá que responder por el presunto detrimento patrimonial que genero la mala defensa jurídica de la empresa en un proceso laboral que emprendió el señor Henry Agudelo Marín.
Para el ente de control fiscal, ese descuido del IBAL provocó un golpe para las finanzas públicas por 100 millones 942 mil 250 pesos.
Predican pero no aplican: ‘malapaga’
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El IBAL viene promoviendo la cultura de pago oportuno de las facturas de los servicios de acueducto y alcantarillado. Pero la empresa da mal ejemplo y no cancela a tiempo sus obligaciones tributarias.
La auditoría de la Contraloría detectó un presunto detrimento patrimonial por 49 millones 837 mil pesos por concepto de intereses de mora por el incumpliendo en el pago de impuestos de los bienes del IBAL.
Liquidaron mal las prestaciones
Finalmente, los funcionarios de la Contraloría encontraron que el IBAL le pagó una liquidación mayor al exfuncionario Henry Sandoval, quien por la falta de cuidado de la empresa recibió 34 millones 651 mil 293 mil pesos más de lo que debió percibir por sus servicios prestados a la entidad.
