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Después de la polémica que se generó en Ibagué ante la decisión de la Gobernación del Tolima de enviar el Acuerdo que tumbó los desmesurados cobros del impuesto predial a control de legalidad en el Tribunal Administrativo, la directora jurídica del departamento, Dora Montaña, explicó que la posición del gobernador Barreto no es un tema personal contra el alcalde Jaramillo, sino un aspecto legal, el cual sustentó de la siguiente manera. (Ver: Acuerdo que tumbó exagerados cobros del predial fue enviado al Tribunal Administrativo del Tolima)
De acuerdo con la funcionaria el Concejo Municipal y la Alcaldía de Ibagué actuaron ilegalmente ya que no tenían competencias para suspender actuaciones de una entidad de orden nacional como lo es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). (Ver documento)
“Dentro del contenido del Acuerdo hay unos efectos de aplazamiento y suspensión de la actualización catastral llevada a cabo por el Igac, como es de conocimiento público, el Instituto es una entidad de orden nacional y no tendría competencia ni el honorable Concejo, ni el señor Alcalde para aplazar o suspender los efectos de dicha actualización ya que legalmente tiene otro trámite y está cubierto por otra facultad constitucional”, aseguró Montaña. (Le puede interesar: “Si el Tribunal tumba el Acuerdo, el Gobernador sería un cadáver político viviente”: Wilson Leal)
Asimismo, resaltó que se violaron varios artículos constitucionales (174 , 175, 176, 182 y 189) y además las leyes 14 de 1983 y la 44 de 1990 por medio de la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz.
Aunque Montaña manifestó que el Acuerdo es bien intencionado por eliminar una problemática que afectó las finanzas de miles de ibaguereños, existen vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad.
“La administración departamental del Tolima a pesar de la inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo aquí acusado, lo considera como un acto bien intencionado, de buena fe (…) No se tiene duda alguna que el acuerdo objeto de análisis goza de plena y total pertinencia e igualmente es conveniente para la realidad socio económica en los hogares ibaguereños”, señala un aparte del documento.
¿Qué sigue?
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Según Montaña, el Tribunal tendrá entre tres y cuatro meses para definir la legalidad del Acuerdo, que de momento seguirá vigente hasta que se surta una decisión al respecto.
“El Acuerdo seguirá vigente hasta que haya una decisión del Tribunal Administrativo. Quedamos atentos y a la espera del concepto de legalidad”, aseguró.
Por su parte el abogado Wilson Leal explicó que si el Tribunal decide tumbar el Acuerdo, los contribuyentes que ya pagaron el predial no tendrán que cancelar valores adicionales, además, señaló que los ciudadanos que no han hecho el pago están sujetos a las alzas.
“El ciudadano no puede estar expuesto a ese vaivén. A quien ya pagó no pueden cobrarle después ningún excedente. Esos pagos son válidos con la obligación tributaria. Aquí los perjudicados podrían ser los que no han pagado que sí estarían expuestos a incrementos”, manifestó Leal.
