Al escribir estas líneas, y a pesar de los múltiples reparos desde diversas esquinas, todo parece estar consumado en referencia al cuestionado proceso 184 de 2017, cuyo objeto es la “Construcción de la Primera Etapa de la Segunda Fase del Acueducto Complementario de la ciudad de Ibagué”.
Para el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, los cuestionamientos y advertencias de algunos ciudadanos y medios de comunicación no pasaron de ser detallitos menores, o posiblemente invenciones de las “fuerzas oscuras” encargadas de torpedear su transparente y destacada gestión.
Sin embargo, hay otros detallitos a los que si quisiera referirme. Como lo sugerí en una columna del pasado 27 de noviembre titulada “Licitación Ibal parte II: Las mentiras del Alcalde”, tanto el Gerente del Ibal como su subalterno el Alcalde de Ibagué, indicaron que el crédito adquirido con Davivienda era vía tasa compensada, lo cual no es cierto porque dicha operación no es posible para proyectos que no cuenten con viabilidad técnica del Ministerio de Vivienda, como en efecto sucede con este proyecto.
Pero la mentirilla no era tan inocente. Resulta que la operación de los $30.000 millones se hizo por la “línea especial de ciudades sostenibles y emblemáticas”, y como lo señaló el Gerente del Ibal en la audiencia de subasta inversa, “la empresa está en busca de la viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para convertir este crédito en tasa compensada, la cual tenemos proyectada obtenerla en 90 días” (Ver: Acta Audiencia de Subasta y Contrato Ibal – Davivienda).
Dicha audiencia de subasta inversa tuvo lugar el pasado 7 de Julio (Ver: Detalle del Proceso), es decir que van 162 días desde que se dijo que se iba a obtener dicha tasa compensada, pero a la fecha no hay ni viabilidad técnica de Minvivienda, ni mucho menos tasa compensada. Tal vez eran 90 días hábiles, pero lo cierto es que esta situación se traducirá en altos pagos de intereses para Ibagué y para los que tributamos en esta ciudad.
El tema se pone mucho mejor por cuenta de las recientes declaraciones del Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo el pasado jueves 7 de diciembre en la rendición de cuentas del Ibal.
Muchos supusimos, pues así lo habían manifestado Girón y Jaramillo en diversos medios, que la subasta inversa realizada el 7 de Julio pasado y de la cual adjunto copia del acta, había sido el mecanismo para escoger a Davivienda como intermediario financiero.
Claramente, el acta muestra que se adelantó un proceso en donde, además de Davivienda, participaron Bancolombia y el Grupo Aval, proceso que aparentemente no coincide con lo afirmado por el Alcalde Jaramillo en la rendición de cuentas del Ibal.
En efecto, en dicho evento, además de hacer claridad sobre las “fuerzas oscuras”, señalar que hay enemigos ocultos en el gobierno nacional y referirse a los molestos “pelagatos” que lo critican, Jaramillo afirmó lo siguiente: “Primero conseguimos con el Banco Agrario $15.500 millones de crédito, después nos fuimos para Davivienda a convencer al Presidente de Davivienda y nos ofreció un almuerzo allá para que le presentáramos, lo convenciéramos, y logramos convencer al Presidente de Davivienda para que nos diera $30.000 millones de pesos para tener la plata para terminar el Acueducto Complementario”.
Entonces pregunto yo: ¿El crédito por $30.000 millones de pesos ya se había convenido a manteles y la subasta inversa del pasado 7 de Julio habría sido solo un trámite para validar lo pactado en un almuerzo? ¿También hubo almuerzos, o por lo menos unas medias nueves, con el Grupo Aval y con Bancolombia para que todos estuvieran en igualdad de condiciones? ¿No ameritaría esto una investigación por parte de la Superintendencia Financiera, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación?
Ojalá algún día, así sea en 90 días hábiles, tengamos respuesta a estas preguntas, pero desde ya anticipo que como respuesta solo vendrán improperios, descalificaciones y agravios, pues a falta de argumentos vendrán los insultos…
Post Data: el Alcalde de Ibagué presume de tener los pantalones bien puestos, ser transparente y actuar bajo el manto de la ley. En ese sentido, tiene la imperativa obligación legal y moral de denunciar en la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación a los funcionarios del gobierno nacional que, según sus propias palabras, no le dieron recursos a Ibagué pero si al Atlántico, a Magdalena, a Bolívar y a un partido político.
