La libertad religiosa se estableció como derecho en Colombia desde 1991 a través de la Constitución Política, en la que en su artículo 19 dispone: “se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.
No obstante, aunque es un derecho fundamental, hasta la fecha ha sido un reto que este sea ejercido con libertad y respeto; teniendo en cuenta que en Colombia, lastimosamente, la confesión religiosa se convierte en un motivo de discriminación y de exclusión de individuos o instituciones que profesen su creencia, incluso, que participen activamente e incidan sustancialmente en la agenda política del país.
El partido Mira desde el Congreso ha defendido y liderado la protección de este derecho fundamental a través de la inclusión de una ‘Política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia’ dentro del Plan Nacional de Desarrollo articulado con el Ministerio del Interior y el apoyo de otras colectividades políticas y el Gobierno Nacional.
Asimismo, desde el Tolima la implementación de una política pública en esta materia cobra todo el sentido en la ejecución y desarrollo del posconflicto en nuestro departamento. Especialmente desde los programas de desarrollo con enfoque territorial denominados PDET, en el cual dentro de sus pilares estipula “La reconciliación, convivencia y paz”.
En dicho contexto, el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos puede constituirse como un fundamento de cambio desde el ser que incide positivamente en relación con su entorno, y contribuye a la reconciliación y a la convivencia con respeto en los territorios permeados por el conflicto.
Uno de los elementos esenciales en la construcción de paz y reconstrucción del tejido social debe ser el de la reivindicación, del derecho a la libertad religiosa. Consideramos que debe existir una especial atención a la implementación a la ‘Política pública de libertad religiosa’, comprendiendo que tanto los valores religiosos como éticos son la base del crecimiento individual que llevado a los social permiten una sociedad armónica.
El desarrollo de esta política dentro de las zonas más afectadas por el conflicto, permitirá que exista una verdadera transición de los escenarios de guerra a la paz. Y en este escenario las diferentes instituciones religiosas tienen un rol fundamental para orientar a las víctimas y a los que han dejado las armas; como a la sociedad civil en general, para construir una verdadera reconciliación y contribuir a la reparación social a través del impulso del ejercicio de los valores.
En otros países, la vinculación de los diferentes credos y la generación de liderazgos religiosos, ha contribuido de manera crucial en procesos concernientes a todas las esferas: económicos, políticos y sociales. Es por ello que consideramos que para el desarrollo de nuestra región, debe considerarse una actitud inclusiva desde lo público y lo privado para con las distintas vertientes religiosas, con miras a una sociedad más cohesionada y en donde primen los valores y la vida a los intereses particulares.
