A la larga historia de violencias, crisis agrarias, inseguridad generalizada, degradaciones ambientales ocasionadas por la minería de oro y el monocultivo del café, ahora se le suma al municipio la improvisación y corrupción de sus últimos gobiernos locales.
El “jaramillismo” endémico y ahora esa banda de gamonales que lo regenta han convertido la gestión pública en un negocio personal.
No contentos con hacerse adjudicar lotes o subsidios públicos, distribuir entre sus amigotes contratos de prestación de servicios, engañar al campesinado con incontables viviendas, proyectos productivos, maquinaria para construcción y mantenimiento de vías, y trivializar hasta lo vulgar la gestión del Concejo y los líderes comunales; la emprendieron contra todo el mundo con cobros impagables del impuesto predial.
Al respecto, debo aclarar las causas de este pandemonio que generaron sus irresponsables gobernantes:
1. La actualización catastral realizada en el municipio no contó con una interventoría seria por parte de la Alcaldía o la Secretaría de Planeación. Lo que es absolutamente necesario para ajustar los malos resultados que suelen generar los “avalúos masivos”.
2. Al incrementarse el avalúo catastral, rezagado por años, y al dejar las mismas tarifas del impuesto, de por sí altas, la liquidación del impuesto sólo podía conducir al incremento exponencial del mismo.
3. Antes de poner en vigencia los nuevos avalúos catastrales era necesario estudiar los impactos que se podrían generar al aplicar las tarifas antiguas, y en consecuencia, disminuirlas para obtener impuestos con montos razonables y diferenciados según la capacidad de pago de la gente.
Ahora que se encuentra en firme el cobro del nuevo impuesto, las reacciones de la administración municipal han sido absolutamente dilatorias.
Como es costumbre, recomiendan a la gente reclamar ante Catastro, elaborar derechos de petición al Concejo, interponer acciones contra el IGAC, etc. Un arsenal de medidas erráticas para encubrir su responsabilidad y salvar la poca gobernabilidad que le queda al “destituido” alcalde y su “advenedizo” encargado.
En fin, lo cierto es que la gente debe exigir la suspensión inmediata de la vigencia de los nuevos avalúos catastrales y cancelar solamente lo que tradicionalmente habían pagado con base en los viejos avalúos catastrales (por supuesto, con su respectiva indexación). En el interregno, y contando con la poca capacidad técnica que le queda a la administración, disminuir mediante Acuerdo las tarifas del impuesto predial vigentes.
Finalmente, debo recordar que el impuesto predial se concibió para capturar una pequeña parte de la renta del suelo que se genera en los predios de privados o sociedades por el mero hecho de ejercer su dominio; pero también por adecuaciones, obras, mejoras, y otros programas de desarrollo de infraestructura pública de la zona rural y urbana. Y para capturar una parte importante de la renta del suelo que se genera por constatados procesos especulativos, o de inflación inmobiliaria, o de concentración indebida del suelo en pocas manos.
Si el impuesto no se concibe en este marco técnico y político de gestión del territorio se seguirán produciendo las infamias que estamos viendo en el Líbano.
- Profesor de la Universidad del Tolima
