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Así lo estableció el Consejo de Estado, al considerar que debe ser la prestadora de servicio la encargada de cancelar los gastos médicos y continuar con los debidos tratamientos médicos, cuando el valor supere los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. (Vea la ponencia completa de la Sala)
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La decisión surgió para amparar el derecho a la salud de Humberto Parrado Rincón, quien requería dos procedimientos específicos para superar las lesiones causadas en un accidente de tránsito ocurrido en octubre del 2014.
El paciente demandó a la EPS Comparta, porque, según él, la entidad le vulneró sus derechos al negarle una reducción de fractura de vértebra lumbar por compresión y una corrección de cifosis.
Sin embargo, de acuerdo con la Sala, la entidad prestadora de salud está en la obligación de practicarle estos dos procedimientos a Parrado Rincón.
