Se reelige rector de la UT con la complicidad de 7 miembros del CSU (los votos del Ministerio de Educación, Presidencia, Gremios, Representante de Autoridades Académicas, Representante Profesoral, Gobernación y Representante de Egresados, fueron por uno de los peores rectores de la historia del alma mater), y con el respaldo simbólico en las urnas de una comunidad manipulada o completamente cómoda con la administración de Muñoz Ñungo.
Hace 4 años había previsto este desastre administrativo y financiero de la UT. Y claro, la reacción de una encostrada capa de burócratas, contratistas y profesores de planta, no se hizo esperar: «delirante, lumpen-intelectual, alarmista, resentido, advenedizo, vanidosillo»…, y el infaltable «ese filósofo de la nacional», que no deja de invocar para ellos el «peligro de la modernización» de esa maltratada institución.
Lo que está en disputa en la UT es el modelo premoderno de manejo de los recursos públicos, artesonado con esa fatal aptitud ladina y compasiva del tolimense (nacido en la región o no) que tolera y explota por conveniencia la incompetencia, la lambonería y el clientelismo (en un infame detrimento de la meritocracia).
La historia es tozuda en sus prefiguraciones. Hagamos un breve balance. Los que en Ibagué condenaron a la india Constanza a la horca en 1601, por practicar la “herbolaria y la hechicería”, fueron los mismos que recurrieron a sus servicios ¿La razón? Era absolutamente conveniente demostrar obsecuencia y lambonería ante los oidores del Virreinato.
El clan Buenaventura, identificable en Ibagué desde finales del siglo XVIII, dejó incontables expedientes de litigios por la propiedad de ejidos urbanos. Los «adelantados» Buenaventura practicaron toda suerte de engaños para quedarse con las posesiones de la aldea que estaban en manos de indios o mestizos desposeídos. Incluso, las obras públicas atribuidas al clan ibaguereño hacían parte de negocios personales (como las alcabalas del Camino del Quindío antes de su destrucción en 1781); y la Constitución de Mariquita (1815), suscrita por la «iluminada» familia en nombre del Cabildo de Ibagué, ya anunciaba el síntoma de una élite corrupta y ladina que encubría con retórica política su apetito voraz por la tierra. Ciertamente, era totalmente conveniente para ellos unirse a la causa criolla y no a la Corona, en un momento en que el reino de España hacía agua.
Alrededor de 1860, los Pereira-Gamba, dueños de muchas haciendas, entre ellas “El Vergel”, y avezados estafadores de campesinos pobres y usurpadores de tierras colonizadas (el pleito en Casabianca es un buen ejemplo), se despacharon, en sus diarios de viaje, contra el robo, la pereza, el abigeato y la fealdad de las mujeres de Ibagué. Odiaban la región en muchos sentidos. Sin embargo, les era conveniente usar las influencias sobre sus clientelas enquistadas en la burocracia para robarle la tierra a los campesinos.
Durante los sesenta y setenta del siglo XX, el santofimismo ibaguereño invadió terrenos urbanos en nombre de la justicia social, y luego chantajeaban durante décadas a las familias sin techo para que votaran por sus líderes a cambio de tejas y tubos. En efecto, era muy conveniente explotar a las clientelas haciendo uso de ese cínico interés por las causas populares.
Durante los últimos años la Gobernación del Tolima y el Hospital Federico Lleras han experimentado toda suerte de austeridades, reestructuraciones administrativas, intervenciones, y demás medidas modernizadoras. Y casi todas han fracasado, pues es parte del ethos político y cultural de la región violentar y expulsar cualquier iniciativa «neoborbónica» que cuestione el aparato clientelar y sus poderes señoriales. Lo mismo que es histórica esa mentalidad simuladora de ilustración, tal como se demuestra con la ridícula producción científica de los hombres «ilustres» de la región.
Pues con la UT la historia es y será la misma. Veamos un poco sus antecedentes. La planta docente de hoy es apenas un poco mayor que la de 1984. Y será la misma de esa época cuando en los próximos años se pensionen casi 90 docentes. Existen más de 1450 funcionarios o contratistas, cuyos costos anuales superan los $38.000 millones. El descaro es rayano en la ignominia: hay más burócratas que docentes. El 47% de los gastos de nómina de la UT se destina al pago de funcionarios, uno de los guarismos más altos de las universidades públicas del país, pues el promedio nacional se acerca a 28%.
Sin mencionar el alquiler de buses de la UT para campañas políticas; los sobrecostos de la repotenciación de las redes eléctricas, y los problemas de riesgos a la salud por radiación de los transformadores que se instalaron sobre las vías peatonales; la parálisis total de la multimillonaria clínica veterinaria (que ni siquiera la Universidad Nacional podría costear, y cuya suma debió destinarse a un hospital universitario); la persecución sindical con la cobarde cifra de 13 procesos judiciales contra sus directivas; una vicerrectoría en manos de un dipsómano durante casi 3 años; unas elecciones a decanaturas infestadas de promesas de contraticos a egresados, chantajes a catedráticos, y decenas de funcionarios en plena campaña para reelegir a sus decanos, o aquellos que les prometieron continuidad (los nuevos decanos de agronomía y educación, y sus rabiosos compinches, son un ejemplo extremo de la miseria moral e intelectual de la UT); la destrucción de casi toda actividad investigativa y de publicaciones para este año; la solicitud de un crédito por $10.000 millones para pagar la nómina de diciembre (que supera la costosa suma de $16.000 millones). Los casos serían incontables, y deberían provocar un cisma en el alma mater, pero no será así por varias razones:
La UT no goza de una comunidad académica, lo que se expresa en varios fenómenos: el grueso de los profesores de cátedra en realidad son profesores de carrera de la educación secundaria, y no les interesa poner en vilo sus ingresos extra. Una parte de los profesores de planta consideran que su mayor conquista laboral y personal es ser docente de carrera, y la vida privada o familiar se les ha convertido en su prioridad, lo mismo que permanecen indiferentes frente al caos de la UT.
Otra parte de los docentes de planta se dedican a ocupar los casi 100 puestos directivos de la UT, y casi siempre han pertenecido al bloque «contrarreformista» de la institución: militan furiosamente contra el que pide orden, austeridad, planeación y racionalización de los procesos; o llanamente, lo condenan a una comidilla atroz por ser «tan criticón», o «comunista «. Con estas mayorías en yunta, es casi imposible hacer oposición en la UT, lo que vino a agravarse con la cooptación de líderes estudiantiles y ambientalistas, que ya aprendieron el arte del chantaje político para resolver sus problemas de ingresos.
El camino fácil, el amiguismo, la prebenda, la destrucción de la meritocracia, la retórica bananera, la proscripción del esfuerzo propio, la evitación de la ilustración, el desconocimiento de la escolarización seria y rigurosa, entre otros aspectos; es lo que explica la vida cotidiana de la UT, y por extensión, de varios tráfagos de la esfera pública regional. Y mientras yo trato de enseñar algunos temas y valores a mis engañados estudiantes, desde el rector hasta el humilde bodeguero le enseñan en la práctica a la comunidad estudiantil que ser bribón, lambón, mediocre y amiguero, pagan más y mejor en la vida.
Coletilla. Precisamente estas conductas que fomentan la inmoralidad y castigan el mérito, constituyen la matriz que incubó nuestras revoluciones civiles. De esto acabo de acordarme cuando repasaba los textos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por la Mesa de Negociación con las FARC en la Habana. Quizás esta historia se repita en un futuro próximo.
