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En menos de dos años, la Universidad del Tolima (UT) logró reducir su déficit de funcionamiento en $15.300 millones, al pasar de $24.000 millones en 2016 a $8.700 en el 2017.
Sin embargo, esa cifra no podrá disminuir más porque se afectarían ejes misionales para la universidad, los cuales son vitales para su óptimo funcionamiento y la calidad educativa que les brindan a sus cerca de 20.000 estudiantes.
De hecho, las proyecciones financieras del Alma Máter calculan que podrían cerrar este año con un déficit de $11.500 millones. (Ver: Universidad del Tolima reduce en un 64 % su déficit financiero)
“Cuando recibimos la universidad en el 2016 se calculó un déficit de $24.000 millones, el cual nos obligó a tomar decisiones inmediatas y antipopulares como congelación de gastos, política de austeridad, las cuales permitieron rápidamente una disminución del 64 % del déficit al cierre del año 2017, pero llegamos al punto máximo de ahorro en el gasto”, explicó William Andrés Vásquez, director financiero de la UT.
Esos más de $11.000 millones que proyectan cerrar como déficit, corresponden a gastos obligatorios que permiten garantizar el funcionamiento adecuado de la institución de educación superior más importante del Tolima.
La cifra es calculada con base en un escenario pesimista, a menos de que se aumentaran las transferencias asignadas por el Gobierno Nacional, lo cual es bastante inviable si se tiene en cuenta la crisis que vive el país por el poco presupuesto para las universidades públicas.
La Universidad del Tolima, por ejemplo, recibe anualmente por parte de la Nación alrededor de $55.000 millones, aunque suena a mucho dinero, es una cifra mínima para una institución que invierte $2.000.000 por estudiante cada semestre. (Ver: Universidad del Tolima exige mayor inversión estatal y rechaza políticas que buscan reducir el salario docente)
Aunque la UT cuenta con las transferencias que le gira la Gobernación del Tolima, las cuales han tenido un crecimiento en la presente administración del 146 % ($ 8.257 millones para 2019), los recursos propios generados y otros aportes, sigue faltando más apoyo, el cual esperan que llegue por parte del Estado.
“Lo que se quiere por parte de las 32 universidades es que esa asignación aumente porque desde 1993 con la Ley 30 de 1992 nos han girado unos recursos como si las universidades no hubieran crecido. A nosotros, por ejemplo, en 1993 nos giraron unos recursos cuando había menos facultades y el número de estudiantes estaba alrededor de los 7.000 a 8.000. En este momento hemos triplicado esa cifra, pero no hemos recibido un incremento significativo que permita dar cobertura al número de estudiantes”, enfatizó Vásquez.
Una crisis nacional
Las universidades públicas en Colombia están creadas para darles las oportunidades a los jóvenes de escasos recursos en el país, así como a aquellos pertenecientes a poblaciones vulnerables (afros e indígenas) de acceder a una educación superior de calidad sin mayor costo e incluso de manera gratuita.
Un ejemplo claro de esto es que el 80 % de los estudiantes de la Universidad del Tolima pertenece a los estratos 1, 2 y 3, una población que no cuenta con los recursos para cubrir una carrera universitaria en una institución privada debido a los altos costos que esta traería.
Sin embargo, según lo exponen las directivas de las 32 universidades públicas del país esa gratuidad educativa está en peligro, pues cada una de ellas ha llegado a un punto de deuda que las está asfixiando. De hecho, su déficit supera los $15 billones. (Ver: Universidad del Tolima y Unibagué esperan conseguir la acreditación de alta calidad para 2019)
Y es allí donde surge la crítica a programas como Ser Pilo Paga, un proyecto hecho con recursos públicos, pero que se iba directamente para las universidades privadas.
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“De Ser Pilo Paga no recibimos recursos. Es un presupuesto público por medio de los impuestos que se está yendo para las universidades privadas, lo justo sería que se distribuyeran en las públicas ya que son estas instituciones las que reciben el 80 % de los estudiantes que se encuentran en los estratos 1, 2 y 3”, manifestó el director financiero de la universidad.
Ante toda esta situación, la UT no solo le pide al Gobierno mayores ingresos sino mejor distribución. Resulta que del 100% del presupuesto asignado para las universidades públicas, un 80% se distribuye solo en cuatro instituciones, entre estas la Universidad Nacional y la de Antioquia.
El otro pedazo de la torta, que significa solo el 20%, lo distribuyen entre 28 universidades y en ese grupo se encuentra la del Tolima. (Ver: Universidad del Tolima, entre las 50 mejores instituciones educativas del país en aportes sociales)
“El rector Omar Mejía ya ha manifestado su descontento en las reuniones con los rectores de las universidades públicas, frente a esta distribución de recursos que asigna la nación”, puntualizó Vásquez.
Seguir adelante
A pesar de esta problemática, la universidad se encuentra enfocada en varios aspectos para seguir sobresaliendo como una de las mejores 20 instituciones de educación superior del país.
Una de esas metas es el proceso de acreditación de alta calidad en el que se encuentran trabajando, así como la reforma académica y administrativa que se está estructurando, la cual busca organizar de una manera óptima los procesos de la universidad.
De igual manera, esperan entregar a la comunidad -en un plazo de seis meses (abril)- el Hospital Veterinario. (Ver: Logran acuerdo para terminar el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima)
No obstante, para las directivas de la UT sí es importante recalcarle al Ministerio de Educación la necesidad de plantear estrategias que permitan afrontar esta crisis y más si se tiene en cuenta que varias de las universidades ya anunciaron paro nacional.
“Es necesario que el Gobierno nacional haga un mayor esfuerzo en los recursos que van a hacer destinados a las universidades públicas y no solo en inversión sino también en gastos de funcionamiento (…) lo cual ayudaría mucho no solo a la UT sino al resto de universidades públicas en ese objetivo claro que tenemos como frente común que es rescatarlas financieramente para seguir brindando educación de alta calidad”, precisó Vásquez.
