Publicidad
Las decisiones que tomaron el exgerente del IBAL, Carlos José Corral, y el secretario general, Ricardo Arroyo, frente a la vinculación de personal a través de contratistas como Presea y la Unión Temporal Servicios Comerciales resultaron costosas para la empresa.
El ministerio de Trabajo sancionó a la empresa con una multa de 644 millones 350 mil pesos por “tercerizar parte de sus actividades misionales”, y violar el artículo 63 de la ley 1429 de 2010, reza la resolución 5550 del 21 de diciembre de 2015, y que solo se conoció este viernes, una vez fueron notificados los nuevos directivos. (Ver apartes de la resolución)
La millonaria sanción la originó una querella que interpuso el señor Carlos Andrés Hernández en contra de la empresa por la celebración del contrato 081 del 22 de octubre de 2013 con la cuestionada firma Presea, que se encargó, durante un año, de la gestión comercial del IBAL. Este contratista tuvo que contratar cerca de 150 personas . (Ver: La historia secreta del polémico contrato de Presea)
La investigación concluyó que los directivos del IBAL de la época, Corral y Arroyo, emplearon esta estrategia de tercerización “para esconder verdaderas relaciones laborales y eludir las obligaciones que de ellas se derivan”.
La drástica sanción del ministerio de Trabajo tuvo en cuenta los testimonios y las pruebas presentadas por extrabajadores del IBAL que demandaron la empresa en años anteriores, precisamente por tercerización laboral. En el año 2002, advierte la resolución, 30 contratistas de la empresa demandaron y obtuvieron una indemnización de 1.200 millones de pesos.
En abril de 2015, ELOLFATO.COM, denunció que en solo cinco años, el IBAL pagó por concepto de sentencias laborales y conciliaciones 3 mil 487 millones de pesos. (Ver: Demandas laborales, la vena rota del IBAL)
Irregularidad que se volvió costumbre
Publicidad
En la resolución, el Ministerio aseguró que “resulta evidente la coordinación que existe entre contratante y contratista para desdibujar las verdaderas relaciones laborales y la consciente afectación de derechos fundamentales”. Por esa razón determinó imponer una sanción económica ejemplarizante.
Ahora, el IBAL apelará la decisión pero es poco probable que logre evitar esta multa por cuanto el recurso será presentado ante la misma instancia que los castigó.
Y de ser ratificada la decisión, el gerente de la empresa, Alberto Girón, tendrá que adelantar las acciones de repetición correspondientes para que los exfuncionarios responsables respondan con su patrimonio.
Por último, llamó la atención que el ministerio de Trabajo sancionó también a la Unión Temporal Servicios Comerciales, otra de las contratistas, con una multa de 322 millones 175 mil pesos, pero archivó el proceso a favor de la firma Presea, la misma que originó el proceso y la sanción al IBAL.
