El Centro Democrático (CD) inició una aciaga campaña de recolección de firmas para rechazar los acuerdos de La Habana dentro de la denominada “Resistencia Civil”. El propósito de la “firmatón” es denunciar ante organismos internacionales los acuerdos con la guerrilla y establecer en Colombia una demanda de inconstitucionalidad ante la Honorable Corte.
Tal vez esta alternativa aparezca como respuesta del CD a los resultados de las últimas encuestas que apuntan a que los colombianos votarían positivamente el Plebiscito por la Paz, lo que demuestra que, a pesar del contundente e incisivo discurso de Uribe, la gente “ya no come cuento” y está dispuesta a acabar la guerra por las vías democráticas.
Los acuerdos son la base fundamental del proceso de paz, sin ellos no se concretaría el fin del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Uribismo que los ciudadanos rechacen?
¿Usted firmaría para rechazar una Reforma Agraria Integral?
El ingreso la población rural es casi la mitad del ingreso de quienes viven en las ciudades y apenas un tercio si se compara con quienes habitan en áreas metropolitanas. Más de 2 millones de campesinos colombianos cuentan con menos de 2 UAF (unidad agrícola familiar), es decir, no tienen suelo suficiente para generar el ingreso necesario para su sostenimiento familiar. La tenencia de la tierra es informal en la mayoría de los casos y mucho menos tienen acceso garantizado a recursos necesarios para la producción: riego, asistencia técnica, etc.
El primer acuerdo de La Habana, contempla la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, acompañado de acceso a crédito, riego, información especializada y apoyo a la comercialización. La Reforma también incluye la formación y actualización del catastro rural, para que a través de un impuesto predial apropiado se logre estimular el uso productivo de la tierra y evitar que acaparadores sigan “engordando lotes” sin pagar un tributo justo por el mismo. La política diseñada también incluye la provisión de infraestructura vial, distritos de riego, electrificación y conectividad rural. Todo eso se le ha negado históricamente a los campesinos.
Narcotráfico
Si bien es cierto que los cultivos de uso ilícito han aumentado en el país durante los últimos años (incluido el actual periodo de negociaciones), también lo es el hecho que si no se logra desarticular las estructuras armadas ilegales que se financian con esta actividad será muy difícil pensar ese fenómeno. El acuerdo sobre drogas ilícitas, que el Uribismo pretende rechazar a través de las firmas, vislumbra un gran programa de sustitución voluntaria de estos cultivos y la suscripción de acuerdos de no resiembra, todo acompañado de proyectos productivos que garanticen el ingreso familiar. Además, se pondría en marcha un Programa Nacional que garantice una especial atención y rehabilitación al consumidor. Hasta ahora nada ha servido para eliminar el problema, quizá este acuerdo pueda representar una solución definitiva.
Justicia para facilitar la reconciliación
Casi ningún colombiano estaría dispuesto a aceptar que los jefes guerrilleros no paguen las más drásticas penas. Es lo más lógico después de todo el dolor que han causado. Sin embargo, en esta negociación es imposible pensar que los jefes guerrilleros vayan a firmar su propia condena: es un trato, no una rendición, por ende, ambas partes defienden sus intereses. Otro “gallo cantaría” si el Estado hubiese logrado una derrota militar.
Al respecto, no es tan cierto que vaya a haber impunidad, al menos en el sentido estricto de la palabra: que queda sin castigo. El acuerdo sobre este tema establece la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz”, que deberá juzgar a los autores de delitos graves, establecer penas diferenciadas –insuficientes para la mayoría-, pero sobre todo satisfacer el derecho de las victimas a la verdad y la reparación.
Las víctimas en el centro
Pretender “tirar por la borda” los acuerdos es atentar contra los derechos de quienes más han padecido los estragos de la guerra. En La Habana se pactó que, una vez entrado en vigencia el acuerdo definitivo, se deberá poner en marcha un Sistema Integral que permita esclarecer la verdad, reconocer las víctimas y las responsabilidades de los victimarios, garantizar la reparación y la no repetición, entre otros. El espíritu del acuerdo privilegia los derechos de las víctimas en procura de que se satisfagan sus aspiraciones legitimas de acuerdo con el daño causado.
Participación en Política: un mal necesario
Este es otro de los “sapos” que nadie se quiere “tragar”. Sin embargo, lo que busca el proceso es evitar que en el país se sigan usando las armas so pretexto de una lucha política revolucionaria. “Es mejor echar lengua que bala”, decía un ex presidente, por eso, es preferible que una apertura democrática facilite la creación de nuevos partidos políticos y que, los que antes utilizaban las armas para intimidar, puedan utilizar sus argumentos para convencer.
Lo que falta
Haber llegado hasta este punto ya es una victoria para los colombianos. Estamos a un paso de lograr la tan anhelada paz. Falta el anuncio del cese definitivo del conflicto y que el pueblo se pronuncie a través del plebiscito por la paz -eso si la Honorable Corte Constitucional determina que es el mecanismo correcto-. Luego vendrá la puesta en marcha de los acuerdos pactados, que no solo partirán de ser un compromiso inquebrantable de todos los colombianos, sino que contará con verificación y cooperación internacional.
La propuesta indecente
Como muchos de los lectores, yo también hubiese preferido una negociación menos complaciente con la estructura delictiva que más daño le ha causado a Colombia. Confieso que muchas veces he sentido frustración y rabia. Sin embargo, entiendo que no hay otra salida (al menos que no cause miles de muertos más): es mejor un mal arreglo que un buen pleito.
Finalmente, si los acuerdos de La Habana van a servir no solo para silenciar las armas, sino también para iniciar a resolver los problemas más críticos del país, creo que proponerles a los ciudadanos que los rechacen es, por decir lo menos, una propuesta indecente.
