Publicidad
El director de Justicia de Ibagué, Daniel Felipe Soto, afirmó que la Procuraduría General de la Nación actuó de manera desproporcionada al destituirlo e inhabilitarlo por un periodo de 10 años.
El Ministerio Público tomó esta decisión por el presunto conflicto de intereses el que habría incurrido el funcionario al supervisar dos contratos de prestación de servicios de su primo Juan Pablo Carvajal Soto, como lo denunció EL OLFATO el pasado mes de diciembre. (Ver: Entre primo y primo: el conflicto de intereses que compromete al Secretario de Gobierno (E) de Ibagué)
“Daniel Felipe Soto Mejía y Juan Pablo Carvajal Soto son parientes en cuarto grado de consanguinidad, ya que el padre del investigado el Señor Gilberto Soto Castaño y la mamá del Señor Juan Pablo Carvajal Soto, Adiela Soto Castaño, son hermanos. Con esta relación de parentesco, el funcionario Soto Mejía se debió declarar impedido, pues existía conflicto de intereses”, dijo el órgano de control.
Asimismo, indicó que el director desconoció principios de la función administrativa como el de la moralidad, que busca que los funcionarios actúen con “pulcritud y transparencia».
El Ministerio Publico calificó la conducta de Soto Mejía como falta gravísima, a título de culpa gravísima, por violación a los artículos 40 y 48, numeral 17, de la Ley 734 de 2002, que señalan que todo servidor público debe declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular, o directo en su regulación, o la tuviera su cónyuge o alguno de sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Ante esto, Soto aseguró que apeló la decisión de la Procuraduría, pues «el artículo 50 de la Ley 734 establece que el conflicto de intereses se debe tipificar como falta leve y lo máximo que puede dar es una amonestación».
De igual manera, aclaró que Juan Pablo Carvajal Soto venía adelantando labores en la Alcaldía desde el año 2016 y que quien lo contrató fue el exsecretario de Gobierno de Ibagué Marco Emilio Hincapié.
Publicidad
«Dentro del fallo de la Procuraduría se demostró que esos recursos se ejecutaron, que no hubo un favorecimiento indebido a ningún particular por la situación que ahí se me está imputando. Los dineros se ejecutaron, la persona trabajó, la supervisión se realizó de manera adecuada», sostuvo el funcionario.
«Aquí hay unas situaciones de interpretación de la norma, que esperamos que el procurador, la segunda instancia, lo revise y los argumentos sean tomados en cuenta», agregó.
Entre tanto, señaló que seguirá trabajando en la administración municipal hasta que el alcalde Jaramillo lo considere pertinente.
«Nosotros continuaremos trabajando con el compromiso de siempre. Aquí tenemos un trabajo que se ha venido realizando desde hace más de un año y medio aproximadamente», concluyó.
