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El nombre de la Procuradora Provincial de Ibagué, Ligia Aguilar, quedará en la historia de la ciudad. Su periodo coincidió con dos de las administraciones con más sombras de corrupción administrativa: las de Jesús María Botero (2008-2011) y Luis H. Rodríguez (2012-2015), pero para ella, según los resultados de su gestión, no hubo las irregularidades que observaron el resto de ciudadanos.
Ligia Aguilar ocupa el cargo desde hace seis años, dos meses, y 21 días (10 de febrero de 2010) y en ese periodo ha abierto 544 investigaciones disciplinarias en contra de servidores públicos, pero solo el 11 % de ellas terminó en sanciones e inhabilidades, reveló la misma funcionaria a través de la respuesta a un derecho de petición presentando por ELOLFATO.COM. (Ver documento)
Las cifras de su gestión son verdaderamente preocupantes. En seis años, Aguilar solo ha impuesto 58 sanciones, 10 de ellas se encuentran en la Procuraduría Regional del Tolima para decidir los recursos de apelación contra los fallos en primera instancia. El resto de procesos han terminado archivados.
De acuerdo con su informe, la cuestionada Procuradora ha archivado 390 procesos porque no logró probar que existieran irregularidades, pese a que muchas denuncias se presentaban con pruebas contundentes.
Por ejemplo, una de las ‘archivadas’ más vergonzosas de la señora Aguilar fue cuando decidió no seguir adelante con la investigación contra el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, por prestar al Deportes Tolima el estadio Manuel Murillo Toro sin contrato y sin ningún tipo de ingreso para el Municipio. Para la Procuradora no había ninguna irregularidad porque el equipo de Gabriel Camargo era una organización sin ánimo de lucro, lo que es absolutamente falso, como lo probó ELOLFATO.COM con documentos de la Superintendencia de Sociedades. (Ver: Así tapan en la Procuraduría las irregularidades en el Imdri)
Siguiendo con el Imdri, otro proceso en el que no se conocen sus resultados fue el bochornoso episodio del robo de cheques del Instituto. La Contraloría de Ibagué encontró los responsables, desde diciembre de 2014, los hizo devolver el dinero, pero Ligia Aguilar ha guardado silencio. (Ver: Aquí están los responsables del robo de dinero en el Imdri)
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Pero lo más preocupante es que las sanciones impuestas por la Procuraduría Provincial corresponden únicamente a funcionarios de mandos medios, mientras que los altos rangos y la corrupción siguen haciendo de las suyas en la ciudad.
Es más, una de las pocas sanciones que se recuerdan fue la de Nilson Navarro, el auxiliar contable de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, quien se robó 70 millones 560 mil pesos de las cuentas de la entidad y fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante toda su vida.
Tal vez el único fallo que ha emitido contra un alto funcionario, en seis años, fue la inhabilidad que le impuso recientemente al exgerente del Ibal, Carlos José Corral. En decisión de primera instancia, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por haber adjudicado de manera irregular un contrato en el año 2012, cuando ocupó la gerencia de la Gestora Urbana. (Ver: Inhabilitado el primer funcionario de la administración de Luis H. Rodríguez)
Firme y respaldada
Pese a la polémica actuación de esta funcionaria, la Procuraduría General de la Nación la mantiene en el cargo, al parecer, por sus padrinos políticos. Este portal supo que Aguilar es muy cercana a la familia del gobernador Óscar Barreto, en especial al fallecido Jaime Barreto. No obstante, voceros del barretismo aseguran que Aguilar no es cuota de esa organización.
