Cada día me parece más admirable la tenacidad de los que quieren la paz y más desconcertante la actitud de los que prefieren la guerra. No hay que ponerle más arandelas al asunto, el que vota «no», quiere la guerra, esa misma que le ha costado a este país, desde 1946, casi un millón de muertos, en su mayoría jóvenes.
Detrás del «no» están los que no quieren que la oposición participe en política. Una guerra que le sirve solo a quienes se nutren económicamente de ella y a los opositores políticos al actual Gobierno, léase uribismo, para así intentar ocultar su falta de proactividad frente a los grandes problemas del país. ¿O es que son parte de los problemas?
Los partidarios del «no», debido a su falta absoluta de un proyecto político democrático y transparente, difícilmente sabrían qué proponerle al país ante el silencio de los fusiles. Su única propuesta es oponerse a todo aquello que pueda afectar los beneficios personales y el poder político de una minoría peligrosa, con múltiples y oscuros tentáculos.
Esta minoría, poderosa por cierto, no quiere aceptar que la reconciliación y la paz son los únicos caminos que le quedan a Colombia para avanzar hacia el desarrollo.
Es necesario señalar que la paz tiene dos grandes enemigos: uno muy evidente, el uribismo y sus secuaces; y por otro lado, aunque no lo crean, el neoliberalismo. El neoliberalismo por su enorme e histórica capacidad de producir desigualdades y pobreza, gracias a la mano siniestra e invisible del mercado.
La economía neoliberal incluso tiene fuerte arraigo en la industria del armamentismo, así como importante presencia en los escenarios de especulación financiera, que tanta corrupción han producido en nuestra Colombia.
Todo esto sin mencionar la dominación casi absoluta de los medios de comunicación que, en su mayoría, le apuntan a la desinformación, a la manipulación colectiva y a enaltecer a quien pueda pagar espacios, entrevistas o cuñas; esto parece una payola política.
El fin de la guerra continúa por mucho más de medio siglo, es deseable, imprescindible, pero hay que seguir en la lucha democrática por la justicia social.
Con los acuerdos de La Habana no se acaban los conflictos ni la violencia en Colombia, se acaba solo con la punta del «iceberg», pero se empieza un camino en firme que ojalá vaya acompañada de las reformas reales que el país necesita, que en su mayoría tienen que ver con la posesión de tierra: mucha en manos de muy pocos.
