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Una millonaria indemnización deberá pagar la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad del exsenador Carlos García, cuando este fue investigado por supuestos nexos con paramilitares.
García, padre del hoy representante a la Cámara, Pierre García, estuvo recluido en una cárcel durante dos años, mientras se adelantaba en su contra la investigación.
Al exsenador lo acusaron de supuestamente llegar a acuerdos políticos y financieros con los paramilitares del Bloque Tolima para su favorecimiento en época electoral.
Sin embargo, después de varios años, la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso argumentando que no existían pruebas concretas en contra del dirigente político tolimense.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió entonces indemnizar a García pero además, ordenó que las dos entidades programaran un acto público para pedirle perdón al exsenador. Insistiendo en que se cometieron algunas irregularidades durante la investigación.
El ex presidente del Congreso, quien militaba en el Partido de la U, era sindicado del delito de concierto para delinquir, por supuestos nexos con alias “Elías”, según declaraciones del desmovilizado Ricardo Ortiz Soria, quien también negó que hubieran estado extorsionando al procesado para declarar en su contra.
