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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, es un hombre mediático. Regularmente aparece en los medios de comunicación nacionales anunciando investigaciones, casi siempre, sobre hechos que son tendencia en las redes sociales.
Desde enero del año 2017, cuando inició su periodo como Procurador, Carrillo dijo que combatiría la corrupción en el Estado porque que este es el principal flagelo que enfrenta Colombia. Pero pareciera que su administración fuera selectiva y focalizara la acción disciplinaria en algunas regiones del país como Cartagena.
En la capital de Bolívar, por ejemplo, se desplomó un edificio de seis pisos, en el que fallecieron 21 personas, y rápidamente abrió varias investigaciones que concluyeron con la sanción -exprés- del entonces alcalde Manuel Vicente Duque. Fue solo cuestión de un mes.
Mientras tanto en el Tolima y en Ibagué, para muchos, la Procuraduría es solo un fortín político que controlan los congresistas amigos del procurador Carrillo y no un ente de control. Los procesos disciplinarios casi siempre terminan archivados y ni siquiera en el peor escándalo de corrupción que ha registrado la ciudad en toda su historia hay resultados contundentes. (Ver: La Procuradora de Ibagué que de dedicó a archivar procesos)
Por el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, en el que hay más de 17 personas en prisión, solo han sido sancionados disciplinariamente el exalcalde Luis H. Rodríguez y el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel, pero a nadie más. Y, un hecho no menos relevante, es que las sentencias en contra de estos dos exservidores públicos tardaron casi dos años. ¿Y el resto de involucrados? ¡Bien gracias! (Ver: Partido Liberal perdió el control de la Procuraduría del Tolima)
Pero tampoco hay resultados por otros hechos de corrupción como la compra aparentemente irregular de tubos que hizo Alberto Girón hace casi 10 años, cuando ocupó por primera vez la gerencia del Ibal. Este proceso se inició por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
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A propósito de Girón, nunca se supo nada de la investigación que se abrió por la presunta posesión indebida de este funcionario, en enero de 2016, cuando regresó a la gerencia empresa de acueducto de la mano del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para enterrar la millonaria tubería que compró en la administración de Jesús María Botero. (Ver: Procuraduría abre investigación en contra de Alberto Girón por la compra de tubería del Ibal)
Y ni qué decir de la investigaciones disciplinarias que hay en contra de la mayoría de concejales de Ibagué por la elección irregular del Personero y el Contralor Municipal en el año 2016. Van más de dos años y los procesos han avanzado lentamente, como si estuvieran calculando el momento ideal para emitir los fallos. (Ver: Solicitan a la Procuraduría ‘desengavetar’ sanción a concejales de Ibagué)
Hay mas. Del cuestionado alumbrado navideño de la Alcaldía de Ibagué (año 2016) tampoco hay grandes avances y los expedientes abiertos por la presunta participación en política de funcionarios y contratistas de las administraciones local y departamental seguramente terminarán engavetados.
Mientras tanto, desde Bogotá, el procurador Fernando Carrillo seguirá anunciando sanciones disciplinarias para funcionarios y exfuncionarios de la capital de Bolívar, porque como lo ha dicho públicamente: a él sí le duele Cartagena. (Ver: Nos duele Cartagena: procurador Fernando Carrillo)
