Los trabajadores estatales sindicalizados en la CUT y los profesores del magisterio asociados mayoritariamente en FECODE, han definido la mañana del miércoles 22 de abril para declararse en paro nacional indefinido.
Pese a que también hay razones justas y razonables para que los profesores universitarios se unan al paro, en la mayoría de las universidades públicas el ambiente es de <<normalidad académica>>, con excepción de la Universidad Industrial de Santander, la de Pamplona y la Nacional, que se encuentran en asambleas permanentes.
Presentaré los argumentos por los cuales considero que los universitarios deberían unirse a la huelga general por la educación, basado en dos situaciones especialmente problemáticas:
1. La indiferencia del gobierno nacional frente al derecho de Negociación Colectiva y al pliego de peticiones de los profesores (lo que llevó al magisterio al paro); y,
2. La política que sobre educación superior pretenden imponer el Presidente de la República y su Ministra de Educación a través del Plan Nacional de Desarrollo.
La negociación colectiva
ASPU, como sindicato mayoritario de los docentes universitarios, presentó pliego de solicitudes – incluido en el pliego nacional de solicitudes de los empleados públicos 2015 – al Gobierno Nacional, para iniciar su trámite y negociación en una mesa sectorial, dentro de la negociación nacional de los empleados públicos.
Dicho pliego recoge puntos fundamentales que los universitarios han exigido durante años y que son vitales para las reivindicaciones del profesorado. Algunos de estos son:
Sobre las condiciones de trabajo de las y los profesores de las Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas): Pago de la deuda social con el profesorado, salario de enganche y nivelación salarial (para profesores de planta). Formalización laboral para profesores temporales (ocasionales y de cátedra), sobre la base de “a igual trabajo, igual salario”, y contratos laborales por mínimo 11.5 meses.
Sobre la planta de profesores en las Universidades Estatales: todos los profesores con contratos de tiempo completo y medio tiempo, sobre la base de contratos legales a término indefinido, no obstante que, previo acuerdo con ASPU, las universidades podrán celebrar contrataciones ocasionales o a término definido con profesores, solo cuando se trate de la ejecución de una labor ocasional, accidental o transitoria.
Sobre la financiación de las Instituciones de Educación Superior Estatales: “… se establece que los recursos necesarios para atender tanto la ampliación de planta en las Instituciones de Educación Superior Estatales, como los incrementos, la nivelación salarial, las modificaciones y el crecimiento de los costos de las nóminas docentes propios de la aplicación del Decreto 1279 de 2012, serán asumidos y cubiertos por aportes del Presupuesto General de la Nación, de impuestos del CREE, de otros impuestos creados con esta destinación específica y de otras fuentes estatales de origen territorial.
“Estos recursos adicionales para este concepto incrementarán la base presupuestal de todas y cada una de las Universidades Estatales conforme a lo normado en la Ley 30 de1992 y las normas que la modifiquen, respetando el bloque de constitucionalidad sobre Autonomía Universitaria y específicamente sobre autonomía financiera. Igualmente incrementarán la base de las asignaciones presupuestales para las otras IES Estatales.”
El pliego de ASPU también exige la modificación de la Ley 30 de 1992, buscando que se reconsidere la participación de las comunidades en el gobierno universitario (menor injerencia de afuera, más autonomía de los actores internos), además de una nueva política de fomento y mejoramiento de la actividad investigativa.
Plan Nacional de Desarrollo
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET): “… conformado por toda aquella educación o formación posterior a la educación media…”, es decir: carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, todo dentro de una sola bolsa. Pero, ¿Realmente son equiparables? Desde el punto de vista de la OCDE, organismo que recomienda al gobierno la creación de dicho sistema, sí lo son. ¿Y qué implicaciones tendrá para la educación en general y para las universidades en particular? Hasta ahora la comunidad académica no ha sido consultada y ni siquiera enterada de dicha iniciativa.
También se crearán dentro del SNET, el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior, SISNACES; el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, todo un cúmulo de instituciones que vienen a reemplazar a las que – sin diagnóstico y sin resultados ni metas precisas – operaron durante los últimos años.
Lo más grave de todo es que se le otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República “… para expedir normas con fuerza de ley que le permitan implementar los arreglos institucionales y legales necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Facultándosele especialmente para modificar todo lo relacionado, con lo que sobre esta materia establecen: la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, el Decreto Ley 249 de 2004, la Ley 1064 de 2006, y las demás normas relacionadas que deban ser modificadas para conseguir el fin de las facultades aquí otorgadas”.
Todo, sin concertación con los sindicatos ni la participación de las comunidades académicas.
Focalización de subsidios a los créditos del ICETEX: la pretensión del gobierno es focalizar aún más los subsidios que se otorgan a los estudiantes de bajos recursos que acceden a la educación superior a través del crédito educativo. Actualmente, con la Ley 1547 de 2012, a los estratos uno, dos y tres se les subsidia el 100% de los intereses asociados a la deuda, para que los beneficiarios solo paguen el capital ajustado por inflación.
Con la propuesta del Gobierno a través del PND, sólo se beneficiarán quienes se encuentren registrados en el SISBÉN, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Tal como en el programa “Ser pilo paga”, ultrafocalización de los recursos públicos para los más pobres de los pobres y que, en buena parte, terminan en arcas privadas.
Superintendencia de Educación Superior: en desarrollo de la Ley 1740 de 2014, o Ley de Inspección y Vigilancia. Tanto la Superintendencia como la reglamentación de la Ley se proyectan para un período de un año.
Sobre esta iniciativa, varias universidades se han pronunciado, destacando que no ha sido consultada ni debatida con la comunidad universitaria, vulnera la autonomía de las universidades, desconoce el debido proceso, hace intervenciones, sanciona a las universidades y las condiciona al cumplimiento de niveles de calidad sin responsabilizarse por su financiamiento.
Además, no considera las diferencias de origen ni de funcionamiento de las universidades públicas y privadas, y desconoce la realidad universitaria.
Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación y Comisiones Regionales de Competitividad: se propone integrar el Sistema de Competitividad e Innovación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para consolidar un único Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SCCTI). Esto es, desdibujar aún más la figura de la universidad como institución autónoma que genera conocimiento, para sumirla definitivamente en la vorágine del mercado.
El SCCTI responde a las recomendaciones de la OCDE y viene a profundizar la política diseñada en el documento final del Consejo de Educación Superior, CESU, esto es: recursos públicos de investigación (léase Fondo Nacional de Regalías) en beneficio del sector privado.
Artículo 179 “… En el marco de ese Sistema, las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación, tales como los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Comités Universidad-Empresa-Estado, Comités de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad y las demás que sean promovidas por el Gobierno Nacional, deberán integrarse a las Comisiones Regionales de Competitividad en cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Corresponderá a cada Comisión Regional de Competitividad ajustar su estructura de manera que garantice la participación de estas instancias. Las Comisiones serán la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno Nacional reglamentará la organización, articulación y funcionamiento de ese Sistema.”
Con el momento político por el que atraviesa el país, vale la pena preguntarse por el papel que la universidad, la ciencia y los saberes en general, deben jugar en un posible escenario de posconflicto con las guerrillas, y si sólo será de la mano del mercado y la focalización de los recursos públicos que podremos superar una dura etapa que, según los especialistas, es más difícil que la misma guerra.
La respuesta a esta pregunta sin embargo, la tiene la ciudadanía y los actores directamente implicados en el hecho educativo, y no debe recaer exclusivamente en el Presidente, su Ministra de Educación o sus mayorías en el Congreso de la República.
