La Comisión de Competitividad y la Agencia de Promoción de Inversión tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la zona sur del Tolima. Sin embargo, estas dos entidades no están operando, lo que llevaría a que no se aprovechen eficientemente los incentivos tributarios para esta zona.
El sur del Tolima es sujeto de intervención estatal desde hace varios años, y aunque los avances en el desarrollo institucional son notables, aún falta mucho por hacer para impulsar un nuevo tejido económico y productivo en el sur del Tolima.
Por eso, cuando desde la propuesta de reforma tributaria surge la posibilidad de disminuir las brechas socio-económicas en esta zona afectada por el conflicto armado interno, bien vale la pena preguntarse: ¿Quién debería realizar la tarea de acompañamiento y promoción?
La reforma tributaria plantea incentivar la creación de un nuevo tejido empresarial en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado, esto mediante la eliminación o disminución del impuesto sobre la renta y complementarios.
Las nuevas empresas, que sean micro y pequeñas, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en estas zonas, y que cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo que defina el Gobierno Nacional, no pagaran el impuesto sobre la renta y complementarios entre los años 2017 a 2021.
Pero entre los años 2022 a 2024 la tarifa será del 25 % del impuesto sobre la renta para personas jurídicas o asimiladas; y para los años 2025 a 2027 la tarifa será del 50 %. En adelante, tributarán a la tarifa general.
La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean medianas y grandes empresas, que inicien sus actividades en estas zonas por los años 2017 a 2021, será del 50 % de la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas o asimiladas; por los años 2022 a 2027 la tarifa será del 75 % de la tarifa general; en adelante las nuevas grandes sociedades tributarán a la tarifa general.
Ahora bien, las preguntas realizadas anteriormente tienen su respuesta en dos instrumentos para el desarrollo económico diseñados por el Estado: La Comisión Regional de Competitividad y la Agencia de Promoción de Inversión. La primera, tiene como tarea articular los gobiernos y sector privado para fomentar la competitividad y avalar los proyectos de regalías. La segunda, debe promocionar el departamento para traer inversión identificando los aspectos económicos y sociales a mejorar.
Así las cosas, deberían ser estas organizaciones las encargadas de liderar las estrategias para fomentar temporalmente el desarrollo económico-social, el empleo y las formas organizadas de los campesinos y productores rurales en dichas zonas. No obstante, la mala noticia es que a la fecha estas no están funcionando debido a la desarticulación entre la Cámara de Comercio de Ibagué, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. Es obvio que esta situación debe cambiar para aprovechar la estrategia de incentivos.
