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La Procuraduría General de la Nación recomendó el posible traslado de las mesas de votación, que tradicionalmente se instalan en el estadio Manuel Murillo Toro, y que por cuenta de las obras para los Juegos Nacionales no se podrán instalar el próximo 25 de octubre.
Resulta particular que el Ministerio Público realice está solicitud a la Alcaldía, cuando se entiende, que para esa época el estadio aún podría estar siendo intervenido. Pues el plazo de ejecución es de seis meses y hasta hace un mes empezarón las obras de demolición.
El comunicado de la procuraduría dice: "la procuradora provincial de Ibagué destacó la importancia de propiciar el cumplimiento de las garantías electorales en la próxima jornada democrática, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales".
Y más adelante, recuerda que el ente encargado de definir los lugares de votación es la Registraduría, consultando a los alcaldes municipales el sitio dónde estos podrían instalarse.
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Llama la antención que la recomendación salió despacho de la procuradora provincial Ligia Aguilar, quien curiosamente no se ha pronunciado sobre escándalos como el robo de los cheques del IMDRI. (Vea ¿El despertar de la procuradora Ligia Aguilar?)
Hasta el momento, ningún funcionario ha sido sancionado disciplinariamente por parte de la procuraduría. Fue la Contraloría que obligó a dos funcionarios a reintegrar los dineros. (Vea Nuevo capítulo en el millonario robo del IMDRI)
De igual manera, la Contraloría de Ibagué en 2014 destapó graves irregularidades en el contrato suscrito entre el IBAL y Presea pero la procuraduría provincial de Ibagué no se pronunció. (Vea Contraloría destapa irregularidades en contrato de Presea)
