Las regulaciones a la contratación pública en Colombia tienen miles de seguros o restricciones para evitar, supuestamente, una selección espuria del contratista de una obra, servicio o suministro. Sin embargo, quiero decirles cómo se puede birlar este galimatías jurídico de simulaciones para la “selección objetiva” de los “mejores”.
En primer lugar, la norma ha definido distintos modos de selección del contratista dependiendo de los montos a contratar. Si el monto es menor, la contratación se realiza de manera directa con una ligera investigación de mercado. Pero, como es costumbre, las cotizaciones son previamente diseñadas con la complicidad de otras firmas, para asegurar la selección de la cotización de menor valor.
Si el monto de la contratación es susceptible de invitación pública, se puede justificar con creativas retóricas la necesidad de convocar a los proponentes que por su experticia deberían presentarse. Desde luego, la manguala se hace de antemano, y los proponentes conciertan el seguro ganador.
Si el monto de la oferta pública requiere convocatoria pública, siempre es posible prediseñar términos de referencia que excluyan a los más “débiles”, exigiendo altos capitales y patrimonios disponibles, o experiencia específica durante incontables años, o ciertos equipos y maquinarias inconseguibles, entre otros artificios. Y aun así, si entre los seleccionados se encuentra un ingenuo proponente, pues el pobre debe saber que, con sofisticada destreza, el grupo de los “mejores” (los cuales saben de antemano que cumplen con todos los requisitos), en complicidad con la institución, ya han simulado los resultados posibles antes de lanzar la convocatoria, manipulando la media de los precios propuestos, o los demás factores del algoritmo que supuestamente elegiría a la mejor propuesta.
Y finalmente, si el monto de la contratación exige una licitación nacional o internacional (a propósito de las obras de los Juegos Nacionales en Ibagué), se pueden orquestar las mismas burlas al sistema normativo, expuestas atrás, pero esta vez con ciertas precauciones o sofisticaciones más complejas. Los algoritmos de evaluación de las propuestas se hacen más incomprensibles, pero más fáciles de manipular. Generalmente, con cierto número de propuestas, concertadas de antemano entre los “socios” del negocio, se puede “torcer” la tendencia de las evaluaciones para asegurar que el ganador “caiga” entre los llamados a contratar, y por supuesto, dar la “mordida”.
Y para colmo de males, se han presentado concursos públicos que eligen a los ganadores entre un grupo amplio de seleccionados, empleando el “método de la balota”. Pues sepan ustedes que entre las decenas de balotas, se ha denunciado la presencia de texturas o temperaturas distintas, casi imperceptibles.
Las formas ladinas de birlar la “selección objetiva” de la contratación pública son casi infinitas. Sólo se necesitan dos cosas: la connivencia de la empresa o entidad pública, y un grupo de “amigotes” que a fuerza de falsificaciones, acuerdos personales e “ingenio criminal”, han logrado conquistar el monopolio de los concursos.
Y claro está, ¿Qué hace la Contraloría? Un sólo dato. Si por puro divertimento tomaran la “ejecución presupuestal anual” de un Municipio, Departamento, Empresa Pública, o Universidad Pública, discriminada por “órdenes de pago”, verían cómo año tras año los mismos contratistas empiezan a repetirse incansablemente. Verían además cómo se fragmentan, año tras año, contratos de suministro multimillonarios. O simplemente, verificarían cómo las mismas personas naturales cambian de razón social para evitar sospechas. O se darían cuenta de algo elemental: que los “análisis de los precios unitarios” y los “diseños de detalle” fueron realizados por los mismos “delincuentes”, para luego exigir adiciones presupuestales, o incrementos en las cantidades contratadas, o justificar otras contrataciones.
Pero ciertamente, la Contraloría no haría esto jamás, y mucho menos la Contraloría del Tolima. Pues, amigos, colegas, primos, hermanos, cuñados, cónyuges, consortes, copartidarios, concejales, diputados, alcaldes, asesores jurídicos, contratistas, secretarios, consultores, barones electorales, y demás miembros de la “fauna clientelar”, desatarían su furia, y amenazarían con practicar el caos sobre este pobre y estafado Departamento.
*Profesor de la Universidad del Tolima
