Los esfuerzos planificadores de Ibagué le han apostado en los últimos años a la ciudad del millón de habitantes. Incorporan suelo rural con la esperanza que el precio del metro cuadrado baje y así estimular a los constructores como una manera de jalonar la economía y el empleo. Pero eso no ha sucedido. Ha servido, eso sí, para enriquecer a quienes especulan con la tierra y a unos constructores que siguen cobrando el metro cuadrado construido a precios insostenibles en zonas en las que los servicios públicos y la movilidad son un verdadero caos.
La burbuja inmobiliaria ya comenzó a romperse. El último informe de Camacol asegura que la oferta superó la demanda y muchos proyectos inmobiliarios sufren la incertidumbre comercial. Zonas como El Vergel, la vía Mirolindo y la vía del Aeropuerto, se llenaron de permisos y de construcciones para los cuales ya escasean los compradores. Pero el conflicto no sólo radica en la balanza comercial. La verdadera pregunta es qué calidad de vida estamos ofreciendo a los compradores, locales y foráneos.
Pese a que los técnicos y políticos aseguran que existe suficiente agua para los próximos 20 años de Ibagué, la verdad es que la infraestructura hídrica de la ciudad es más que pobre. Con pérdidas de agua tratada superiores al 40 %, producto del mal estado de las redes (sobre la cual no existe ni siquiera un verdadero inventario), la imposibilidad física de llevar agua potable a toda la ciudad es evidente. El tanque de la Fiscalía, en el cual se invirtieron 10 mil millones de pesos y con el cual se pensaba suplir las necesidades de agua de la glorieta de Mirolindo hacia abajo, es absolutamente inútil sin la fase 2 del acueducto terminada. Incluso antes de su construcción, muchas voces al interior del Ibal señalaron la inconveniencia de tamaña inversión.
Los proyectos de la fase 2, aprobados por el Ministerio en el segundo semestre del año 2015, todavía tienen un largo camino hasta su ejecución. Es posible que en los próximos tres años se concreten, como lo anunció el alcalde Jaramillo, pero aún falta mucho trecho y descubriremos que el abandono de la cuenca del Combeima, la tala y el pastoreo indiscriminado, pueden ahondar la crisis que, más allá de los discursos, no tienen acciones visibles y eficaces por parte del estado y de la ciudadanía. Las redes de energía eléctrica sufren el mismo drama. Con un servicio de pésima calidad, cortes continuos y altos precios, que se suman a problemas de infraestructura vial, movilidad, falta de talento humano capacitado, lo cierto es que las posibilidades de crear una estructura industrial que genere empleo y riqueza, se disminuyen notablemente.
La cultura y el turismo, que se supone deben ser polos de desarrollo, aún no tiene una verdadera agenda económica. Se limita a arrancones no articulados a procesos de ciudad y más bien limitados a las buenas o malas ideas de los gerentes de turno de estas carteras, tanto a nivel municipal como a nivel departamental.
La pregunta es entonces, mientras en el mundo las ciudades restringen su crecimiento para dar calidad de vida a sus habitantes, ¿nosotros queremos duplicar la población sin elevar dicha calidad de vida o al menos garantizar estándares mínimos? Los esfuerzos planificadores no pueden ser más una iniciativa de los privados, sino deben ser una política pública que no dependa de los vaivenes electorales. Importantes ejercicios prospectivos como Visión 2025, que se elevó a política pública en el gobierno de Luis Carlos Delgado, está lejos de ser un esfuerzo de todos los sectores sociales. La mayoría ni siquiera conoce hacia dónde vamos. Las universidades no le apuestan ni a esa ni a ninguna visión, y cuando uno no sabe para dónde va, todo camino es largo.
