A raíz de todo el escándalo desatado por la presunta culpabilidad del arquitecto bogotano en el caso de rapto, violación y asesinato de la niña indígena en Bogotá, se abre en el país de nuevo la polémica que ha sido recurrente cuando quien comete un delito grave o de fuertes repercusiones es una persona de clase alta y, por ese motivo, se cree que los trámites, los procedimientos, los procesos son más lentos o benefician a esa persona que cometió la falta.
Estos supuestos ponen a la opinión pública a pensar si realmente esos personajes son o serán juzgados de la misma manera que cualquier mortal que haya cometido un delito y no tenga las condiciones económicas para defenderse y confrontar la justicia ordinaria del país.
La sensación colectiva que empieza a difundirse, es que quienes cometen delitos en contra de alguien vulnerable, algún robo, prevaricato, violación o cualquier acción que infrinja los derechos de las personas, pero que tenga el dinero, las relaciones familiares, contactos de personas que tienen el poder gubernamental, entre otras formas de ayuda, posiblemente pueden ser amparados no por la justicia, sino beneficiados en los procesos judiciales que tienen en su contra, por pertenecer a una clase social determinada o por contar con capital social suficiente para no ser juzgados de la misma forma y en el mismo tiempo que el resto de personas.
Surge entonces la indignación cuando en casos como el de Rosa Elvira Cely, el egresor es detenido y juzgado inmediatamente, pero en otros como el de Luis Andrés Colmenares, no hay un fallo después de 6 años de su muerte, teniendo como acusadas personas de estratos altos y que bajo múltiples figuras han sido protegidas o en determinadas ocasiones se ha dilatado la situación para no ser juzgadas por supuesta falta de pruebas, obteniendo beneficios como casa por cárcel o rebaja de la pena si en algún momento confiesan algo que para el caso es clave.
Sin embargo, en términos de condenas en el país no solo se hace efectivo que una persona cometa un crimen o una falta y sea detenido para que pague por lo que realizó, sino que el sistema judicial en muchas ocasiones es más severo con delitos mínimos como el hurto y es más permisivo o no tan rígido con otros delitos de mayor envergadura.
Tal es el caso de un joven pereirano condenado a 10 años de cárcel por robar una bicicleta en el año 2014; el conocido caso del hombre que por robar un cubo de caldo de gallina en Cali tuvo que pagar 4 años de condena, o la conocida historia del hombre que en Bogotá robó una caja de chocolatinas de 15.000 pesos y tuvo que estar 5 meses en una cárcel de máxima seguridad por el hecho.
Lo anterior contrasta con otros casos en los que la justicia ha actuado de manera distinta, por tener como protagonistas de los delitos personas de condición social alta y al disponer de dinero e influencias sus condenas han sido bajas, como sucedió con los primos Nule que por el llamado carrusel de la contratación de Bogotá y apropiación de más de 8.500 millones de pesos del erario público, fueron condenados a 14 años y han tenido rebajas desde que fueron juzgados; así mismo pasó con los inversionistas de Interbolsa y, posiblemente, pasará lo mismo con quienes están involucrados en el desfalco financiero a la ciudad de Ibagué por el robo del dinero de los escenarios deportivos.
Queda entonces la percepción de si en este país quienes pagan por sus delitos son los llamados de ruana, sin posibilidad de defensa por falta de dinero e influencias o será la justicia colombiana la responsable de la inequidad en el trato igualitario para los colombianos, por su falta de rigor y poca severidad para tratar todos los casos con el mismo rasero y de esa manera no seguir alimentando el dicho popular que reza: “en este país la justicia es sólo para los de ruana”.
