Alarmantes son las denuncias presentadas a la opinión pública por la Defensoría del Pueblo, ratificadas por las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, acerca del reclutamiento forzado de nuestros jóvenes en la comuna tres de Ibagué, para integrar las filas de una de las bandas criminales en que derivaron los “tristemente célebres” paramilitares, según dicen los informes para las “Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia”.
Como pacifista y demócrata, llamo a las autoridades municipales a atender de urgencia esta situación, para impedir que nuevos coterráneos sean vinculados a la guerra.
Urge la realización de un consejo extraordinario de seguridad, en el orden municipal, para tomar las medidas necesarias que impidan el logro de los objetivos criminales de estas fuerzas, que hoy por hoy se convierten en nuevos actores de una cruenta guerra, que agobia a los colombianos desde hace cerca de 60 años, y que hoy nos esforzamos en erradicar por vía de la solución negociada, liderada por el Gobierno Nacional.
Invito al alcalde de Ibagué, Luis H. Rodíguez y a su secretario de Gobierno a convocar inmediatamente el referido consejo de seguridad.
La Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación deberán preparar y ejecutar las medidas de control y de investigación para corregir y prevenir tales reclutamientos en la comuna 3 y en toda la ciudad.
Así mismo, la Administración Municipal deberá re direccionar las acciones sociales necesarias para contribuir a la prevención del fenómeno de la violencia y la delincuencia, buscando que se superen las condiciones de pobreza y marginalidad que sirven de “caldo de cultivo” a estas situaciones.
No podemos permitir, “las fuerzas vivas de Ibagué”, que nuestros jóvenes sean vilmente vinculados a la guerra, hay que poner un alto y para lograrlo debemos trabajar de forma mancomunada con la ciudadanía, a la cual invito a que denuncie este tipo de prácticas de los grupos ilegales con el fin de prevenirlas y contrarrestarlas.
Desde el Concejo Municipal estaremos dispuestos a tomar las decisiones que sean necesarias para ayudarle a las autoridades, a combatir a estos criminales y para realizar el control político pertinente para que los organismos estatales cumplan su propósito.
