Durante su carrera política, Guillermo Alfonso Jaramillo se ha mostrado siempre como un defensor de la paz. Siempre le apostó a la salida negociada del conflicto con las Farc y por eso, pese a no identificarse políticamente con ellos, apoyó la elección presidencial de Andrés Pastrana (1998 – 2002) y la reelección de Juan Manuel Santos (2014 – 2018).
El diálogo, la convivencia, la tolerancia y la inclusión han estado presentes en sus discursos y en sus planes de gobierno, cuando fue Gobernador del Tolima (2000 – 20013) y ahora como Alcalde de Ibagué (2016 – 2019).
Pero ese hombre de paz no es el mismo que gobierna a Ibagué desde el primero de enero del año 2016. Jaramillo lleva en el poder dos años, cuatro meses y seis días, y en este tiempo ha permanecido en conflicto permanente.
Empezando por su gabinete. Por su difícil carácter y sus malas maneras, más de 30 personas han pasado por su gobierno. Las renuncias son frecuentes y algunas secretarías han tenido hasta cuatro personas a cargo.
Y afuera del Palacio Municipal el panorama es el mismo. El mandatario ibaguereño ha encontrado rivales y enemigos en los sectores económicos, sociales y políticos.
Gabriel Camargo, propietario del Club De- portes Tolima; Óscar Barreto, gobernador del Tolima; Ricardo Ferro, representante electo a la Cámara; Eduardo Bejarano, columnista y exfuncionario del Ministerio de Trabajo; Henry Escobar, empresario y distribuidor de Aguardiente Néctar; Elsa Noguera, exministra de Vivienda; Alexander Castro, exasesor del gobernador Barreto; Rubén Darío Correa; director de noticias de La Cariñosa; Héctor Sánchez y Mauricio Vargas, periodistas de Ondas de Ibagué; la familia Murra, propietaria de Arroz Diana y nuevos accionistas del diario El Nuevo Día; Gladys Gutiérrez, exjefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué; William Poveda, exalcalde fallecido de Cajamarca; Carlos Santana, miembro del consejo directivo de Cortolima; las empresas de transporte urbano, la multinacional AngloGold Ashanti, un importante número de constructores, la Cámara de Comercio de Ibagué, el Concejo Municipal, Coldeportes, los médicos sindicalizados del Hospital San Francisco, los arroceros y hasta las trabajadoras sexuales que participaban en las ferias populares (en otros gobiernos). A ellas las calificó de putas.
Vale la pena aclarar que el listado es más extenso, pero el espacio de esta columna resulta insuficiente.
Estos conflictos polarizaron y dividieron a la ciudadanía en dos bandos: los jaramillistas y los enemigos del gobierno. Quienes no piensan como el Alcalde son señalados de adversarios u opositores.
Y así, con este clima político, es muy difícil que el señor Jaramillo pueda cumplir todas las metas de su plan de desarrollo. Ningún ser humano puede trabajar solo. La sociedad está compuesta por muchos actores y entre todos debe existir respeto y tolerancia. ‘Cazar’ peleas en cada esquina e imponer posturas a la brava (y a los gritos) no es el mejor camino.
A su gobierno le quedan exactamente 603 días y el conteo regresivo comenzó. Llegó la hora de concentrarse más en el cumplimiento de las promesas de campaña -que fueron muchas- y no desperdiciar su energía en peleas mediáticas, desgastantes y estériles.
