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El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró que insistiría en la consulta popular minera y que el reciente fallo del Consejo de Estado obliga al Tribunal Administrativo del Tolima a definir si es el Concejo Municipal o el mandatario local quien debe cambiar la pregunta formuló su gobierno. (Ver: Consejo de Estado tumbó la pregunta de la consulta popular minera de Ibagué)
La semana pasada, la Sección Quinta del Consejo de Estado aseguró que la pregunta que hizo la Alcaldía de Ibagué era inconstitucional porque: “Se evidencia que la pregunta no es neutral y no garantiza la libertad del elector, toda vez que induce a una respuesta lo que vulnera el derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, en razón a que no cumple con los requisitos que la Corte Constitucional ha señalado”.
“Queremos decir que cada día estamos más afianzados en el tema de la consulta popular. Cuando salió el fallo del Consejo de Estado, nosotros apelamos porque considerábamos que no le correspondía a ese alto tribunal decidir sobre los temas constitucionales”, afirmó el Alcalde.
Así pues, en el fallo en segunda instancia del pasado 14 de febrero de 2017, la Sala Quinta del Consejo Estado le da la razón a la Administración Municipal y designa al Tribunal Administrativo del Tolima para que, en un plazo de 30 días, emita una nueva sentencia haciendo un examen de constitucionalidad de la pregunta que será puesta a consideración de los ibaguereños.
“La tutela en contra de la Consulta Popular Minera tenía que ver con cuatro principios fundamentales: el derecho al trabajo, que se había violado el debido proceso, que no era potestad de la Alcaldía ni del Concejo decidir sobre consultas populares, y que la pregunta estaba inducida”, dijo Jaramillo.
Y agregó: “Nosotros demostramos que no se está violando el derecho al trabajo; que el debido proceso se dio sin ningún problema. Ya quedó claro que el Alcalde sí tiene potestad para formular preguntas, para llamar a una Consulta Popular”.
Además de ello, el mandatario hizo referencia a la decisión del Consejo de Estado de reiterar que los entes territoriales sí tienen las facultades para definir sobre el uso del subsuelo y para reglamentar sobre actividades mineras.
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“Los entes territoriales tienen competencia para ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo, ejercida a través de las autoridades locales, esto es, el Concejo y el alcalde, lo que permite adoptar normas y medidas sobre las actividades que puedan desarrollarse en el territorio del municipio (…) El Alcalde puede promover la iniciativa de consulta popular sobre la posibilidad de desarrollar actividades y proyectos mineros”, dice el fallo del Consejo de Estado.
De igual modo, el mandatario local manifestó que la importancia de la Consulta Popular radica en que serán los ciudadanos quienes decidan si aceptan o no que en el Municipio se desarrollen actividades de minería a gran escala que puedan afectar el medio ambiente y contaminar las fuentes hídricas.
“Queremos dejar en claro que no se ha caído la consulta, aquí lo que ha pasado es que cada día se ha afianzado más porque nosotros tenemos la razón”, sostuvo el Alcalde.
Por supuesto, el mandatario local expresó que esperará la decisión que tome el Tribunal Administrativo del Tolima para poder convocar finalmente a los ibaguereños a las urnas.
“Esperamos que el Tribunal Administrativo del Tolima decida sobre la constitucionalidad, que no debe ser más que definir que la pregunta sí es constitucional, como ya lo hizo”, concluyó Jaramillo.
