Antes de cumplir el período constitucional y retirarse del Senado (2010), Mauricio Jaramillo presentó junto al Representante a la Cámara Guillermo Santos, el proyecto de ley 081 – Cámara, mediante la cual se buscaba proteger y otorgar incentivos a los denunciantes de hechos de corrupción estatal.
Como epígrafe, en la exposición de motivos, se transcribió esta frase atribuida al libertador Simón Bolívar: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos”.
El entonces senador Jaramillo hacía parte de la comisión quinta constitucional, que conoce de temas agropecuarios, ecología, medio ambiente, recursos naturales y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Lo que nos demuestra el exsenador, es que mientras se pensionaba en el Congreso, aprendió mucho de las CAR, pues terminó apropiándose de una de ellas – Cortolima – pero nada de la defensa del medio ambiente, de la protección a los recursos naturales y de ecología, y que además, sus actuaciones presentes son absolutamente contrarias a las que pensaba plasmar en la frustrada ley de beneficios al denunciante de actos de corrupción: los intimida, agrede y denuncia penalmente.
Como Senador de la República recibió incentivos económicos del Estado por el programa Agro Ingreso Seguro (2008), bajo la supuesta calidad de cultivador de arroz, avalada por Cortolima.
En el 2009, como constructor, para desarrollar su proyecto Altos del Vergel en Ibagué, destruyó una fuente hídrica y construyó un canal abierto sobre la quebrada Cerro Azul invadiendo la zona de aislamiento de la misma, sin autorización ambiental, hecho por el cual se le sancionó (Resolución 1220 de 2010), sin que la decisión haya sido cumplida (informe técnico del 26 de marzo de 2014), bajo el actuar cómplice de quienes dirigen ‘su entidad’ ambiental.
En agosto de 2011, presionó vía telefónica a la alcaldesa de Ataco, Carolina Rodríguez, para que la funcionaria omitiera su deber funcional de cumplir lo ordenado por el decreto departamental 0133 del 27 de enero del mismo año, que prohibía la movilización de retro excavadoras por su municipio, sin los permisos y autorizaciones ambientales, pretendiendo favorecer a un tercero que transportaba la maquinaria para una aparente explotación aurífera.
Con ocasión de las obras inconclusas de los escenarios deportivos que serían utilizados en los XX Juegos Deportivos Nacionales, las declaraciones y confesiones del contratista Jorge Alexander Pérez, conocido como ‘el chatarrero’, revive la ya denunciada actuación ilegal de Cortolima, cuyos director y subdirector Ambiental habilitaron un predio de su propiedad como escombrera transitoria, para beneficiarlo no solo por el depósito de tierra y escombros que nivelaron el irregular suelo del inmueble, sino por el incremento patrimonial recibido al ser habilitada la empresa Grupo Sima limitada como receptora de dineros que debían ingresar al municipio y a la entidad que hace la intermediación del servicio público de escombrera, Ibagué Limpia S.A., y no a un tercero particular.
Parafraseando a Bolívar, es necesario preguntar: ¿Cuándo cesará tanta indulgencia e impunidad con quienes ostentan el poder político en el Tolima?
Coletilla: Nada fácil la tiene Mauricio Jaramillo, ya que el testimonio de Pérez es solo una prueba más de la Fiscalía en su contra.
