Recientemente, en la ciudad de Ibagué se ha venido desarrollando un debate público acerca de la problemática de la inseguridad, que ha sido alimentada por recientes hechos de violencia -como el reciente caso de homicidio perpetrado por un menor de edad contra otro – que han tenido un gran cubrimiento en los medios de comunicación locales. Esto es particularmente importante, si se tiene en cuenta que en materia de seguridad no solo importan los datos objetivos, que miden las tasas de homicidios o de lesiones personales, sino también la evolución de la percepción de inseguridad en los ciudadanos.
Si entendemos la inseguridad como un problema social, es necesario tener en cuenta los factores de orden sociocultural que alimentan los principales delitos de impacto; así las cosas, la militarización o el simple aumento del pie de fuerza no desactivan las causas profundas ni modifica el contexto en el que la inseguridad se incuba.
En el informe de calidad de vida presentado por el programa Ibagué Cómo Vamos el pasado mes de junio se mostró cómo la evolución creciente de varios delitos de impacto, en especial los homicidios y las lesiones personales, tienen como trasfondo problemas de convivencia y el deterioro de algunas variables sociales en los últimos años, en especial en 2015.
En el caso de los homicidios, para 2015 de los 103 casos presentados el 63 % se explica por riñas y violencia intrafamiliar, es decir, homicidios no asociados al accionar de estructuras criminales sino la consecuencia de conflictos entre ciudadanos que fueron tramitados de forma violenta. Esto se refuerza si tenemos en cuenta lo sucedido con las lesiones personales. En efecto, mientras que en 2012 la ciudad pasó de registrar 1281 casos, para 2015 se presentaron 2.299. Abuso de bebidas alcohólicas, dificultad para resolver de forma racional y pacífica los conflictos, hacen parte del paisaje que dibuja esta problemática.
Además de ello, es importante tener en cuenta que en materia social algunas variables tuvieron un deterioro en los últimos años y esto pudo tener un impacto en el comportamiento creciente de los delitos en los últimos años. Las dificultades que ha tenido el sistema educativo de la ciudad para atraer y retener a los jóvenes ibaguereños, las elevadas tasas de desempleo, en especial de los jóvenes, además del incremento de la pobreza y de la pobreza extrema en el último año, son factores que no se pueden desconocer para comprender la crisis social de la ciudad que sirve de caldo de cultivo para la delincuencia. Como consecuencia de ello, muchos jóvenes pueden seguir siendo lanzados a la ilegalidad.
Lo anterior muestra que buena parte de estos delitos de alto impacto en Ibagué no se pueden mitigar simplemente con un incremento del número de efectivos de la fuerza pública, sino que requiere de una política de seguridad que vaya más allá de la aplicación de la fuerza y propenda por el desarrollo de una política de convivencia y resolución de conflictos, acompañada de una política social más agresiva en el campo educativo y en materia de disminución de la pobreza. La construcción de un escenario propicio para el goce de las libertades y capacidades humanas, puede desactivar la espiral de inseguridad en la que las víctimas de la exclusión económica y social se convierten en victimarios. Esto adquiere mayor vigencia precisamente en esta época en que estamos ad portas de la firma del acuerdo defintivo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Empezar a desactivar la forma violenta de resolución de todos los conflictos tendrá un impacto favorable sobre la calidad de vida de todos los ibaguereños.
