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Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía formuló imputación de cargos en contra del exalcalde de Herveo José Albeiro Giraldo Herrera, por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y peculado por apropiación.
Asimismo, se imputaron cargos a Gélver González Hincapié, exsecretario de Desarrollo del mencionado municipio por los delitos de falsedad en documento público y prevaricato por apropiación a favor de terceros.
Aparentemente, en el año 2015, cuando Giraldo Herrera fungía como Alcalde, incurrió en presuntas irregularidades en el proceso de contratación de un convenio de cooperación con la fundación Unidos Todos por Colombia, que tenía por objeto celebrar las actividades del 5º Festival Folclórico y del Retorno y Día del Campesino, del 12 al 15 de julio de 2015 en Herveo, cuyo valor aproximado fue de $120 millones.
El dinero aportado por la Alcaldía sería de $110 millones y la fundación contratada aportaría en bienes y servicios $10 millones.
Según lo evidenciado por el fiscal en audiencia de imputación, el convenio se suscribió con un único oferente. Además, no se hicieron las publicaciones de ley, sino que a través de una red social se informó acerca de la celebración del festival dando por hecho que los interesados se enterarían y presentarían las propuestas.
Igualmente, la investigación determinó que el entonces secretario de Desarrollo, en presunta coautoría con el Alcalde, permitió celebrar el convenio sin considerar las deficiencias en idoneidad, trasparencia y economía.
La representante legal de la fundación abrió una cuenta con el nombre del convenio y recibiría como anticipo el 50% en la suscripción. La cuenta se activó en un banco con la denominación de convenio de cooperación interinstitucional en la sucursal Parque Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, con un primer movimiento el 11 de junio de 2015, cuando se recibió uno de los anticipos por valor de $55 millones, siendo retirados el mismo día.
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Un segundo abono se realizó el 9 de julio de 2015 por $55 millones, y se efectuó un retiro, el mismo día, de $7 millones, y un retiro final por $47 millones.
Fue así como tres meses después de liquidado el contrato, el mandatario local se comunicó con la representante legal de la fundación y le indicó que le allegarían contratos de las orquestas que participaron en las festividades para que ella los firmara.
Sin embargo, se determinó que nada de lo establecido en esos contratos se cumplió, las actividades desarrolladas no se hicieron a través de dicha fundación y solo algunas de las orquestas que se mencionan como participantes se presentaron. A pesar de ello se facturaron de manera ilegal. También se presentaron las facturas por concepto de alimentación para las mismas.
El valor total del contrato no fue ejecutado y los dineros que no se invirtieron al parecer se entregaron como contraprestación a la representante de la fundación, quien supuestamente se prestó para legalizar el contrato.
Por estos hechos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento y, en audiencia programada para el próximo 4 de diciembre, el juez dará a conocer la decisión al respecto.
